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январь 30, 2026

San Carlos, el “Texas tico”: donde el chavismo exhibe a su toro bravo

De cultura vaquera, productivo y desigual, el cantón más grande del país se prepara para las elecciones nacionales del domingo. En 2022 fue clave para el ascenso de Rodrigo Chaves al poder y hoy sus simpatizantes buscan ratificar ese respaldo con Laura Fernández como bastión del “continuismo”. El apoyo al discurso oficialista convive con la frustración por las promesas incumplidas, en un territorio orgulloso de su agro, la ganadería y el turismo, pero atravesado también por el temor al narcotráfico.

La carretera va sinuosa entre la niebla de las montañas al noroeste del Valle Central de Costa Rica y de repente deja ver al fondo las llanuras soleadas del municipio más grande del país y uno de los más ricos en producción de carne, de divisas turísticas, de productos agrícolas y de simpatizantes de Rodrigo Chaves. Se llama San Carlos y desde la campaña para las elecciones del 2022 se inclinó con fuerza mayoritaria por el hombre que supo entender el sentimiento de frustración y enfado de muchos pobladores en esta región norte del país.

Son las 9 de la mañana del último sábado habilitado para proselitismo previo a las elecciones del primero de febrero. El centro del cantón, Ciudad Quesada, está cubierto por una leve neblina que, como es usual, de repente cede ante un sol picante conforme las calles muestran el dinamismo usual de este lugar. Un hombre de sombrero y camisa vaquera lleva un puñado de banderas color turquesa para repartir entre su familia en el distrito sancarleño Pocosol, (colindante con Nicaragua) al otro lado de una carretera que “sigue muy mala a pesar de este gobierno tan bueno”, califica el finquero simpatizante de Rodrigo Chaves y, por tanto, del Partido Pueblo Soberano (PPSO) que encabeza todas las encuestas para llevar a Laura Fernández a la Presidencia con una amplia mayoría legislativa. El sondeo de opinión final del Centro de Investigación Política de la Universidad de Costa Rica revela que el oficialismo tiene una intención de voto del 44%.

“Aquí vale decir que con sol o con lluvia estamos con don Rodrigo, lo que él diga”, dice el hombre sonriente mientras acomoda las banderas en la batea de la camioneta en medio de sogas y recipientes vacíos de agroquímicos.

Dice que se llama Olman y está seguro del segundo triunfo chavista, ahora más confiado que en 2022, cuando Chaves era sólo una apuesta atrevida. Ahora el presidente es un influenciador en el pensamiento y las emociones políticas, aún más enconadas contra los partidos tradicionales y el Estado que por décadas dejaron a San Carlos solo ante la pobreza de muchos y el narcotráfico, dice el finquero bajando la voz para pronunciar esa última palabra. Asegura haber visto en el camino una vaca enorme con una bandera turquesa atada a los cuernos, pero se lamenta no haberlo fotografiado. “Si quiere va y le toma foto, el lugar se llama Rancho Quemado, pero queda bien lejos”.

San Carlos abarca el 6% del territorio de Costa Rica y su población es el 4% del país. Es el motor agrícola y ganadero del país. Su identidad gira en buena medida en torno a las grandes fincas y el logo del club de fútbol local es un toro. Es tan común ver una lujosa camioneta 4×4 como toparse un grupo de jornaleros nicaragüenses de las haciendas de cultivos extensivos y, ante el aumento de la inseguridad, es cada vez más aceptado que un empresario tenga su arma de defensa, sobre todo en las zonas más rurales. Otros optan por rezar en las crecientes iglesias cristianas no católicas que también ganan terreno al catolicismo tradicional de Costa Rica. Guardando las distancias, estamos en un Texas costarricense y aquí el movimiento chavista se mueve a sus anchas al faltar una semana para las elecciones.

“Los sancarleños somos únicos y exigimos productividad nuestra y del Gobierno, pero también nos gusta hablar de frente, sin poses, y ha caído muy bien esa forma de hablar del Presidente, que a muchos no les gusta, pero sí los que hemos sufrido los embates de gobiernos anteriores”, explica Mireya Zamora, una dirigente del local oficialista con el que se matriculó después de ser diputada con un partido libertario. Habla frente a la sede del partido donde cuatro colaboradores apuran el empaque de más banderas turquesas para llevar a distritos más alejados. Uno de ellos lleva la camisa estampada con un jaguar, el animal símbolo del movimiento liderado por Chaves.

“Sin duda este es el bastión del rodriguismo”, dice Wilson Jiménez, candidato a diputado, quien en sus redes sociales dice que trabaja “con Dios, Patria y Progreso como guía”. En los comicios de febrero de 2022 San Carlos fue cantón donde Chaves obtuvo el mayor porcentaje entre los 84 cantones del país, vital para su pase a segunda ronda y para el triunfo posterior en abril. Desde entonces es tierra consentida en sus discursos y ahora, cuatro años después, también hay altas expectativas.

Jiménez es parte de la nómina de candidaturas que por la provincia de Alajuela encabeza un reconocido abogado llamado José Miguel Villalobos, defensor de causas penales de Rodrigo Chaves y también de sospechosos de crimen organizado, lo que le ha valido críticas de opositores. Las encuestas indican que Villalobos con seguridad será parte de la fuerza parlamentaria oficialista que pide la campaña de Laura Fernández bajo la ambiciosa cifra de 40 escaños, dos más que la mayoría calificada que permitiría reformar la Constitución Política, la de reelección y el Poder Judicial, además de aprobar un posible “estado de excepción” en zonas más golpeadas por la inseguridad, como plantea la aspirante presidencial.

Roy, el hombre de la camisa de jaguar se despide de un hombre recordándole votar para diputados del PPSO y la respuesta llega a un nivel de cosa sagrada: “claro, sería un sacrilegio si no”.

En la calle no abundan las banderas. Las pocas que hay son del PPSO y del Partido Liberación Nacional (PLN), la agrupación que simboliza la política tradicional a pesar de los esfuerzos por mostrarse renovada con candidaturas como la del aspirante Álvaro Ramos y Diana Murillo, vicealcaldesa de San Carlos y candidata a diputada en el primer lugar por Alajuela. Murillo es sancarleña y es la primera vez en la historia que el PLN decide encabezar la nómina con la representación de San Carlos y no del cantón central de Alajuela.

“Es una señal de confianza y de prioridad de la región”, explica la mujer en la sede de su partido, por dónde a veces pasan autos con bandera turquesa sonando la bocina. También se observan algunas banderas de Costa Rica, cuyo significado está sujeto a interpretación. Otros partidos están prácticamente borrados del paisaje, incluido el Partido Unidad Social Cristiana, otrora relevante, cuyo candidato presidencial, Juan Carlos Hidalgo, es sancarleño de cepa.

La sospecha del narco en la política

El PLN ha dominado San Carlos por años, aunque cada vez con más dificultades. La alcaldía la ganó en 2024 con un hombre llamado Juan Diego González que hace pocos meses decidió pasarse al bando turquesa. Le hablamos para este reportaje y pidió escribirle mensajes que nunca contestó. Es parte de casi 15 alcaldes (de 84 cantones de Costa Rica) que se han volcado con el oficialismo por convicción o cálculo, incluso por presiones del Gobierno, como denunció uno del centro del país.

El discurso chavista es inclemente contra el PLN, pero da la bienvenida a los dirigentes de ese partido que se saltan la barda. “Es un juevo jaguar y le gusta comerse a los pericos”, dijo en noviembre Laura Fernández cuando anunció la conversión de González, quien toda su vida había sido “perico”, como le llaman a seguidores del PLN por el color verde de su bandera.

“Es como si les limpiaran las culpas para recibirlos”, critica Diana Murillo, que admite errores numerosos de su partido en años pasados en términos de probidad y de políticas equivocadas que relegaron a la zona norte del país y provocaron un estado de frustración popular que quedó de perlas para el discurso de Chaves, aunque cree que ya ha brotado el escepticismo. “Yo puedo entender ese enojo que había, pero también tengo claro que estos cuatro años se fueron en pura hablada y tampoco se cumplieron las promesas. Ahora lo que dicen es que necesitan más poder”, critica Murillo. Se refiere a importantes rutas viales que no se renovaron y sobre todo a un proyecto de nueva carretera que comunica San Carlos con el Valle Central y que lleva medio siglo entre diseños, presupuestos, trámites y nuevos ofrecimientos incumplidos (“cumplió con la parte sur de la carretera”, advertía Mireya Zamora).

La liberacionista, hija de un reconocido ambientalista del cantón, también menciona una promesa de un centro de procesamiento de productos agrícolas que sigue pendiente y una palabra conflictiva: Crucitas. Este es el nombre del frustrado proyecto de extracción de oro en una zona limítrofe con Nicaragua que hace más de una década fue detenido por causas ambientalistas y con los se convirtió en “tierra de nadie”, con cientos de mineros informales que tomaron control del área, se roban el oro y contaminan las aguas.

“Eso está igual o peor. Hay contrabando de armas, entran criminales de Costa Rica y de Nicaragua. Hay gente enterrada ahí. Nadie puede decir que hay soberanía ahí, porque los policías no pueden o no se sabe”, exclama Murillo.

Nadie puede dejar por fuera de la ecuación política ni económica al narcotráfico. Las grandes extensiones sancarleñas, el valor de su posición geográfica junto a Nicaragua y las actividades comerciales propicias para el lavado de dinero (ganadería y bienes raíces) le juegan en contra. “Es cierto que hay mucho dinero por la producción nuestra, pero también hay plata de esa. No es raro ver alguien que siempre tuvo una vida modesta y de repente anda con lujos. Eso se sabe. Muchos lo saben, pero hay miedo en el ambiente”, dice la liberacionista. Zamora antes había reconocido que hay problemas, pero no mencionó la seguridad.

Numerosas operaciones policiales se han abierto recientemente en San Carlos bajo la sospecha de tráfico de drogas ocultas en contenedores con productos agrícolas y legitimación de capitales, incluida una sobre un pastor evangélico que ponía su iglesia a disposición de un grupo criminal para limpiar su dinero como parte de las recaudaciones de feligreses junto a inversiones en ganadería o crianza de caballos de raza.

En el mismo caso se detuvo a tres funcionarios del estatal Banco de Costa Rica (BCR). En otras operaciones también ha habido allanamientos, detenidos y decomisos, pero la sensación de las autoridades judiciales es que el crimen organizado en la zona norte está ganando terreno porque aporta altas sumas de dinero a la economía local y eso hace que más gente se resigne, lo normalice o lo ambicione, dijo un alto cargo de la Fiscalía.

Esos capitales finalmente suman a la idea de prosperidad de una región que de por sí “mana leche y miel”, como dijo una de las señoras que en la mañana de este sábado participa de una protesta de adultos mayores en el parque central de ciudad quesada para que se permita una entrega inmediata de un fondo de pensiones. Amenazan con no votar el domingo si los partidos no se comprometen a ello, quizás sabiendo, o no, que una mayor abstención aumentaría las probabilidades de victoria de Laura Fernández.

A su lado, Marco Sánchez, un exguardia de seguridad vestido con pantalón de fatiga y camisa de calaveras, agita una bandera de Costa Rica y decía que no tiene preferencia política, pero de inmediato repite el discurso de Rodrigo Chaves contra los políticos antecesores que acusa como corruptos. “Que Dios me dé vida para verlos en esa cárcel nueva”, dijo aludiendo a la prisión que construye Chaves inspirada en la megacárcel de El Salvador que el presidente Nayib Bukele muestra como símbolo de sus políticas de mano dura contra el crimen. “Este presidente todo eso (corrupción) lo ha destapado y pienso que nosotros aquí en San Carlos de alguna manera lo sabíamos, pero necesitábamos que alguien lo dijera bien fuerte y valiente, como somos aquí”.