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январь 24, 2026

Migrantes nicaragüenses no reciben salud gratuita en Costa Rica, como afirma la candidata presidencial Natalia Díaz

No existe atención médica gratuita para los nicaragüenses migrantes en Costa Rica. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó que no tiene ningún convenio con Nicaragua y que toda persona no asegurada debe pagar por los servicios que reciba. Un informe reciente de la Universidad de Costa Rica y ACNUR señala que más del 70 % de los nicaragüenses en este país trabaja, cotiza y paga impuestos, pero enfrentan trabas legales y evasión patronal que les impiden acceder al Seguro Social, pese a que su aporte económico supera el gasto en salud que generan

Las personas migrantes nicaragüenses no reciben atención médica gratuita en Costa Rica. Así lo confirmó a DIVERGENTES la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuya institución aclaró que no existe ningún convenio con Nicaragua para recibir a pacientes referidos de este país y que toda persona no asegurada debe pagar por los servicios que se le brinden, sin excepción.

Esta información contradice las recientes declaraciones de la candidata presidencial costarricense Natalia Díaz, de Unidos Podemos, quien afirmó que ciudadanos nicaragüenses acceden a servicios de salud pública sin pagar. “Nosotros tenemos que atender a gente que viene con una referencia. (Hospital) La Mascota se llama. Vienen con referencia de Nicaragua, y se atienden. Aquí hay que atenderlos. Perfecto. Cuando esa persona sale, no se le cobra. Se vuelve un incobrable. Pero lo peor de todo es que la persona sale del país y regresa, y no se le cobra”, dijo.

Sin embargo, ante una consulta formal de este medio de comunicación, la CCSS fue clara al refutar la afirmación de la política costarricense: “No tenemos ningún convenio firmado para prestación de servicios con Nicaragua. En el tema de pago de servicios por atención, es importante recordar que, en caso de generarse alguna atención de pacientes no asegurados, se deben cancelar los montos de la atención que se den. Según lo señalado, no tenemos convenio para brindar atenciones, por lo cual no se reciben pacientes a través de ese mecanismo”.

Con esta declaración, la institución confirmed que no existe gratuidad en la atención de personas extranjeras y que, en todos los casos, la facturación de servicios se aplica independientemente del estatus migratorio.

Además de no contar con convenios de referencia médica entre ambos países, la Caja sostiene que cualquier persona no asegurada que utilice sus servicios, debe asumir el costo completo del procedimiento. No hay excepciones, ni programas que permitan condonar estas deudas por origen migrante. Por tanto, no hay sustento para afirmar que ciudadanos nicaragüenses reciben servicios gratuitos por parte del sistema de salud costarricense.

Esta postura institucional coincide con los hallazgos del informe técnico elaborado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica, en alianza con ACNUR. El documento muestra que los migrantes nicaragüenses no solo no representan una carga para el sistema, sino que, en términos económicos, aportan más de lo que reciben. La mayoría se encuentra en edad productiva y está activa en el mercado laboral. De hecho, más del 70% de las personas nicaragüenses en Costa Rica trabajan, una tasa de ocupación más alta que la de los propios costarricenses.

A esto se suma su contribución indirecta. Aunque muchas personas no están afiliadas formalmente al sistema de salud, su aporte económico existe y es medible. Pagan impuestos al consumo como el Impuesto de Valor Agregado (IVA), contribuyen al sostenimiento del aparato productivo y realizan compras de bienes y servicios que incluyen cargas tributarias. En muchos casos, trabajan para empleadores que, por ley, deberían registrarlos en la Seguridad Social, pero esto no ocurre debido a prácticas de evasión o informalidad.

Natalia Díaz se mira a si mismo como una heredera política del presidente Rodrigo Chaves. Divergentes | Tomada de La Nación.

El informe detalla que los sectores donde más se emplea a personas migrantes —como la agricultura, la construcción y el trabajo doméstico— concentran también los mayores niveles de evasión y subdeclaración patronal. Esta realidad ha sido reconocida por la propia Caja en documentos internos, en los que señala que “el problema no es la presencia de migrantes, sino la evasión patronal”.

Así, aunque hay trabajadores nicaragüenses que no figuran como asegurados en los registros oficiales, en la práctica sí están contribuyendo con su fuerza laboral y su consumo a la economía nacional. En la mayoría de los casos, no acceden al seguro de salud no porque no quieran pagar, sino porque el sistema no les facilita esa posibilidad. La falta de documentos migratorios vigentes, como el Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros (DIMEX), o la imposibilidad de cumplir requisitos para seguros voluntarios limitan su acceso formal a la CCSS.

El estudio es enfático al señalar que la falta de aseguramiento no equivale a gratuidad en la atención ni a abuso del sistema. Más bien, representa una forma de exclusión estructural. Las personas migrantes trabajan, pagan impuestos y producen, pero no siempre pueden ejercer el derecho a la salud debido a limitaciones normativas o al comportamiento de sus empleadores.

A nivel demográfico, la población migrante representa una ventaja fiscal para Costa Rica. El 71.7 % de los nicaragüenses en el país tienen entre 25 y 59 años, es decir, se encuentran en plena edad productiva. En contraste, la población costarricense está más envejecida. Esto significa que la migración rejuvenece el mercado laboral y contribuye al sostenimiento del sistema de salud, en un contexto donde el país enfrenta retos demográficos crecientes.

Los estudios del Observatorio del Desarrollo de la UCR también respaldan esta conclusión. Según sus estimaciones, los trabajadores migrantes generan cientos de millones de colones anuales en cotizaciones y consumo tributario. En cambio, el gasto directo que realiza la CCSS en su atención médica representa una fracción mucho menor. El saldo fiscal, por tanto, es positivo.

Un informe de la Universidad de Costa Rica destaca que un 30% de la población migrante nicaragüense no se encuentra asegurada. Divergentes | Tomada de El Observador de Costa Rica.

El informe indica que cerca del 30% de los nicaragüenses no están asegurados. Sin embargo, esta cifra no puede interpretarse como una omisión deliberada de sus obligaciones, ni como una presión sobre los servicios públicos. Las principales razones de exclusión son trámites complejos, requisitos legales difíciles de cumplir y el incumplimiento patronal de afiliación obligatoria.

Los datos también evidencian que esta exclusión afecta con mayor fuerza a quienes trabajan en condiciones informales o no cuentan con residencia regular. En esos casos, acceder a seguros voluntarios resulta casi imposible. El marco normativo impide la afiliación sin el DIMEX, lo que perpetúa una situación para miles de trabajadores nicaragüenses que ya están en el país, y que contribuyen activamente a la economía, quedan fuera de la seguridad social.

El estudio señala que este fenómeno genera consecuencias directas en la cobertura médica, pero también en la protección frente a enfermedades, accidentes laborales o situaciones de maternidad. En la práctica, muchas de estas personas solo acceden a servicios médicos cuando la atención es de emergencia, lo que representa un riesgo no solo para ellos, sino también para el sistema de salud pública.

A pesar de estos obstáculos, el aporte económico de la población migrante sigue siendo constante. En regiones como la Huetar Norte, fronteriza con Nicaragua, la economía agrícola depende casi por completo del trabajo migrante. Sin embargo, la cobertura del seguro social entre los trabajadores de estas fincas es baja, y no por decisión de los trabajadores, sino por la falta de fiscalización efectiva del Estado.

La investigación también documenta las brechas salariales entre migrantes y costarricenses. En 2023, la diferencia fue del 38%. Esta brecha se explica, en parte, por las características del lugar de trabajo, el nivel educativo y la condición migratoria. Las mujeres nicaragüenses presentan una brecha aún mayor con un 44%. Estas condiciones reducen aún más la posibilidad de cumplir con los requisitos para seguros individuales, que requieren ingresos estables y documentación regular.

Además, las personas migrantes reciben menores beneficios sociales. Según el estudio, los hogares nicaragüenses reciben menos transferencias públicas, becas o subsidios que los hogares costarricenses, incluso si se encuentran en igual o mayor condición de pobreza. Esto refleja una política social que no logra cubrir a toda la población que reside y trabaja en el país.

El análisis también destaca que la mayor parte de la población migrante vive en zonas urbanas, donde el acceso a la salud debería ser más directo. Sin embargo, la condición de informalidad limita ese acceso. En muchos casos, los migrantes son empleados en casas particulares o pequeñas empresas que no están registradas o que no declaran a sus trabajadores ante la CCSS.

El panorama revela una contradicción evidente en el sistema de salud costarricense. Más de la mitad de las personas migrantes trabajan y aportan a la economía del país, pero una parte importante de ellas sigue excluida del sistema de salud que ayudan a financiar. No se trata de un aprovechamiento indebido, sino de una omisión estructural del Estado que refleja la urgencia de revisar los mecanismos de aseguramiento y acceso.

Afirmar, como lo hizo la candidata presidencial Natalia Díaz, que estas personas se “atienden gratis” o son “incobrables” no solo distorsiona la realidad, sino que alimenta prejuicios y estigmas sin base. Los datos del informe, las declaraciones de la Caja y la evidencia económica demuestran que, incluso, los migrantes pagan más de lo que reciben.