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январь 13, 2026

El declive del multilateralismo y la hipocresía regional

La operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026 —que concluyó con la captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos para enfrentar cargos penales— desató una oleada de condenas diplomáticas y comunicados inflamados. Pero lo más revelador no es el volumen de la indignación, sino que llega tarde. No aparece como una defensa coherente del orden jurídico internacional, sino como una invocación selectiva de la Carta de las Naciones Unidas, usada como escudo retórico cuando conviene y archivada cuando exige costos políticos.

La operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026 —que concluyó con la captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos para enfrentar cargos penales— desató una oleada de condenas diplomáticas y comunicados inflamados. Pero lo más revelador no es el volumen de la indignación, sino que llega tarde. No aparece como una defensa coherente del orden jurídico internacional, sino como una invocación selectiva de la Carta de las Naciones Unidas, usada como escudo retórico cuando conviene y archivada cuando exige costos políticos.

El uso de la fuerza, sin eufemismos tranquilizadores es, en derecho internacional positivo, una materia de máxima sensibilidad normativa. El artículo 2(4) de la Carta consagra una prohibición amplia; y las excepciones operativas clásicas son estrictas: legítima defensa (artículo 51) o autorización del Consejo de Seguridad bajo el Capítulo VII. Que hoy existan preguntas densas —y preocupaciones legítimas— sobre la compatibilidad jurídica del método empleado por la administración estadounidense no es “antiamericanismo”. Es, simplemente, tomar en serio el edificio jurídico construido tras 1945. La promesa central de la Carta de la ONU es que la fuerza no sea el lenguaje ordinario de la política internacional. En ese sentido, es comprensible que, en estos días, voces del propio ecosistema multilateral hayan advertido que lo ocurrido tensiona los principios fundacionales de la ONU.

Y, sin embargo, esa constatación —importante y jurídicamente seria— no agota el fenómeno. Porque la tesis incómoda es esta: el multilateralismo ya había fracasado antes del 3 de enero. No fracasó “ese día” en que Estados Unidos lanzó uno de los operativos militares quirúrgicos más extraordinarios de las últimas décadas. Ese día se volvió visible con una crudeza difícil de disimular. Venezuela llevaba más de una década acumulando erosión institucional, cerrojos electorales, persecución y una economía criminal que dejó de ser doméstica para convertirse en plataforma transnacional. En ese tiempo, el sistema de Naciones Unidas ofreció diagnósticos y lenguaje; y nunca ofreció resultados. Y cuando un sistema normativo pierde capacidad de producir respuestas, se abre la pregunta peligrosa: no “si el derecho importa”, sino quién llenará el vacío. En enero de 2026, ese vacío lo llenó la administración del Presidente Donald Trump.

Aquí aparece el núcleo moral del debate regional. Los gobiernos de Brasil, México y Colombia —hoy particularmente vocales en la condena— tuvieron margen real para ejercer liderazgo preventivo y no lo hicieron. En 2024, tras las presidenciales venezolanas, cuando el problema aún era tratable con instrumentos diplomáticos robustos, su apuesta fue una combinación de tibieza, cálculo doméstico y una retórica de “diálogo” que, en la práctica, funcionó como oxígeno para el poder fáctico. Es verdad que esos gobiernos solicitaron la publicación de actas y datos desagregados; fue un gesto correcto, pero insuficiente. No derivó en verificación técnica vinculante ni en un régimen sostenido de consecuencias políticas regionales ante el incumplimiento.

Mientras la dictadura de Nicolás Maduro quería convencer desesperadamente al mundo de que habían ganado por un estrecho margen, la realidad es que Edmundo González Urrutia obtuvo alrededor del 70% del voto, como se demostró con las actas electorales que lo respaldaban. Es allí donde se incubó el desenlace. No fue en un “situation room” del Pentágono, sino en la renuncia latinoamericana a usar —a tiempo y con toda la firmeza que la historia exigía— los instrumentos políticos, diplomáticos y técnicos que sí tenía a mano.

¿Qué nos enseña la historia de Nicaragua? Un acompañamiento útil, una retirada prematura y una historia incompleta

En este punto conviene mirar a Nicaragua, no como espejo (no lo es), y mucho menos como un relato impecable, sino como un caso interesante para pensar el valor —y el costo— del acompañamiento internacional en transiciones. A finales de los ochenta y comienzos de los noventa, Centroamérica aceptó una presencia multilateral orientada a verificación electoral, desmovilización y reinserción. La ONUVEN, creada a solicitud del propio Estado nicaragüense, fue un hito: una de las primeras misiones de observación electoral de la ONU en un Estado soberano, con despliegue en Managua en 1990. A ello se sumó ONUCA, aprobada por el Consejo de Seguridad en 1989, con observadores militares no armados para verificar compromisos regionales y luego apoyar aspectos del desarme. Y, en paralelo, la CIAV —con centralidad de la OEA— desempeñó un papel determinante en repatriación, desmovilización y reintegración: el propio registro institucional de la OEA indica que la CIAV contribuyó a desmovilizar decenas de miles de combatientes y operó, en lo sustancial, entre 1990 y 1997.

Ahora bien; Nicaragua no es una “historia de éxito” precisamente porque ese acompañamiento fue abandonado demasiado temprano, y porque la clase política nicaragüense —con sus propias debilidades, pactos y déficits que en otros ensayos he llamado “Conformismo Democrático”— no construyó los diques institucionales necesarios para sostener la transición a largo plazo. En mi condición de funcionario público como Director Nacional de la Oficina de Seguimiento a los Acuerdos de Paz, pude presenciar con preocupación cómo, para finales de los noventa ya se cerraban programas clave vinculados al posconflicto, al desarme y a la reintegración, cuando Nicaragua aún estaba en la etapa temprana de transición democrática. Fue así como el impulso internacional se diluyó cuando aún era indispensable consolidar justicia, profesionalización del Estado y reglas del juego estables. Y sin embargo —esto importa— entre 1990 y 1996, durante la administración de Doña Violeta Barrios de Chamorro, sí existió un acompañamiento relevante y, sobre todo, se respetó un principio político central para cualquier transición: quien ganó legítimamente debía encabezar el proceso. Nicaragua no fue “perfecta”, pero tuvo un tramo inicial donde la comunidad internacional aceptó la premisa elemental de la soberanía popular, expresada en elecciones, y que por tanto debía traducirse en titularidad efectiva del poder.

Esa comparación —con todas sus diferencias— ilumina el problema venezolano de hoy. La transición será frágil si el liderazgo surgido de la voluntad ciudadana queda relegado a un papel marginal. En Venezuela, lo que observamos es que, tras la operación del 3 de enero, el control inmediato del aparato estatal no recayó automáticamente en quien la oposición considera presidente electo, sino que emergió un orden interino de facto, con figuras del propio aparato chavista ocupando la jefatura provisional. Esa arquitectura que operacionalmente es “pragmática y realista”, de prolongarse demasiado podría llegar a ser políticamente explosiva y abrir la puerta a una transición incompleta y con débil soberanía.

Dicho lo anterior, también es cierto que la soberanía venezolana llevaba años perforada, no por Estados Unidos, sino por una colonización del aparato de seguridad y por alianzas con tiranías como las de Rusia, China, Cuba e Irán. Tras el 3 de enero, Cuba reconoció públicamente la muerte de decenas de sus agentes y personal vinculado a fuerzas armadas e inteligencia en Venezuela durante la operación, confirmando una presencia operativa. En paralelo, Estados Unidos anunció sanciones recientes relacionadas con transferencias y proliferación de UAVs y otros componentes militares entre Irán y Venezuela, describiéndolas como una amenaza a la seguridad regional.

Por eso, reducir el debate a una caricatura —una invasión alienígena— es, como mínimo, intelectualmente insuficiente. Venezuela estaba “invadida” desde hace tiempo por otro tipo de penetración: asesores, redes, dispositivos y dependencias de dictaduras foráneas que deformaron la autodeterminación interna. La pregunta jurídica, entonces, no debería formularse como dogma (“no intervención” en abstracto), sino como dilema real: ¿qué soberanía se defendía en los hechos, la del pueblo o la del aparato que lo inmovilizaba?

Legitimidad, legalidad y el día después

La tesis que defiendo —sin ingenuidad jurídica, pero con claridad política— es que la salida del narco-dictador Nicolás Maduro era necesaria para reabrir la posibilidad de una transición democrática real en Venezuela. Aun admitiendo interrogantes serios sobre el método, el hecho histórico es que Venezuela estaba atrapada en un callejón institucional donde la vía electoral había sido sistemáticamente esterilizada. En 2024, millones de venezolanos optaron por la ruta pacífica, civil y electoral; la voluntad de cambio fue tangible, aun el régimen ilegítimo de Maduro intentó administrarla, negarla o distorsionarla. Cuando el multilateralismo y el regionalismo eluden el momento decisivo, la historia suele moverse por rutas menos pulcras.

La pregunta decisiva, entonces, no es si corresponde una cascada de pronunciamientos altisonantes contra Washington. La pregunta es otra: ¿qué hacemos —desde el derecho— con el día después? Si la administración estadounidense quiere que lo ocurrido no derive en una tutela indefinida, debe convertir el hecho consumado en un proceso de devolución soberana, acelerado y verificable.

En términos concretos, hay al menos cinco condiciones mínimas:

1. Reconocimiento pleno de la soberanía popular expresada en las urnas. Si el liderazgo opositor —encarnado en Edmundo González Urrutia y en María Corina Machado— concentra la expectativa de cambio, ignorarlo es normativamente corrosivo. El presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ganó de manera contundente y por ello, junto a María Corina Machado, debe encabezar la transición y no observarla desde la grada.
2. Liberación inmediata, plena e incondicional de todos los presos políticos, venezolanos y extranjeros, con garantías verificables de integridad. Los reportes de liberaciones iniciales son un comienzo, pero insuficiente frente a la magnitud del daño acumulado.
3. Desmontaje verificable del aparato represivo y cese de la persecución. Sin libertad de expresión, sin partidos libres y sin garantías para la sociedad civil, “transición” será solo un eslogan.
4. Mecanismo internacional de verificación electoral y de reforma institucional, con plazos claros. El sistema de la ONU y el interamericano deben estar presentes —aunque lleguen con credibilidad golpeada— no para “lavar” nada, sino para anclar el proceso: observación electoral robusta, auditoría técnica, garantías de competencia y acompañamiento a la reconstrucción institucional. La experiencia centroamericana muestra que, cuando existe verificación y reparto de tareas, los costos de la transición disminuyen.
5. Plan de reintegración y retorno: repatriación segura de refugiados, reinserción socioeconómica, y un programa serio de profesionalización de seguridad pública. Nicaragua ilustra algo crucial: cerrar temprano estos programas sale carísimo.

La hipocresía regional como profecía autocumplida

Brasil, México y Colombia aún están a tiempo de corregir su incoherencia: menos sermón retroactivo y más liderazgo práctico. Si su preocupación por los principios de la Carta es genuina, deben demostrarlo con un mecanismo regional de garantías que evite el peor escenario: que el vacío dejado por el autoritarismo sea llenado por fragmentación, revancha o captura criminal. De lo contrario, se repetirá el patrón: cuando falta liderazgo regional, se abre la puerta a la potencia que sí decide actuar, y el continente vuelve a discutir el método en lugar de prevenir la tragedia.

El multilateralismo fracasó antes del 3 de enero porque confundió neutralidad con pasividad y legalismo con inacción. La operación estadounidense no borra esa verdad: la expone. Y si América Latina quiere recuperar agencia, debe abandonar el confort de la hipocresía y volver a lo esencial: defender la democracia cuando todavía es posible hacerlo sin pólvora. Si no lo hace, seguirá llegando tarde a la historia—y, peor aún, seguirá indignándose solo cuando ya es demasiado tarde para evitar el desenlace.

Félix Maradiaga

Presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua. Es académico, emprendedor social y defensor de derechos humanos nicaragüense. En el año 2021 fue candidato presidencial en las primarias de la oposición por parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Por ser una de las voces más críticas contra el régimen de Ortega, fue arbitrariamente encarcelado por más de veinte meses.