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январь 27, 2026

Entre el miedo y el conflicto: Costa Rica se juega en las urnas su chance de resistir ante el narcotráfico

La inseguridad es el principal eje de la tensa discusión electoral en el país otrora tranquilo. Las soluciones de “mano dura”, la expansión del poder presidencial, el menoscabo de garantías y la necesidad de prevención social son parte del menú para evitar que se rompa el dique, aunque ya es latente la amenaza de infiltración en instituciones del Estado e incluso en el financiamiento de partidos políticos.

La amenaza de un tsunami de drogas y dinero de la industria del narcotráfico [convierten la inseguridad en el principal tema de fondo de las críticas elecciones que vivirá Costa Rica](https://www.divergentes.com/nicaragua-on-the-economic-brink-what-the-country-stands-to-lose-if-donald-trump-expels-it-from-cafta-and-imposes-100-tariffs/) este primero de febrero, con un alto protagonismo del presidente saliente Rodrigo Chaves y su afán por continuar su proyecto político de ataque a las instituciones de control y su discurso de “mano dura” inspirada por el vecino [salvadoreño Nayib Bukele](https://www.divergentes.com/nicaragua-on-the-economic-brink-what-the-country-stands-to-lose-if-donald-trump-expels-it-from-cafta-and-imposes-100-tariffs/).

Tras una década en la que la otrora pacífica Costa Rica alcanzó la peor violencia en su historia con un promedio de 900 homicidios al año, la inseguridad provocada por la poderosa industria del narcotráfico es señalada por la población como el principal problema del país (45% así lo indicaba en septiembre, según una [encuesta de la Universidad de Costa Rica](https://ciep.ucr.ac.cr/informe-del-estudio-de-opinion-publica-del-ciep-septiembre-2025/)). Es, por tanto, motivo de un intenso debate político sobre las forma de evitar que cuaje un “narcoestado”, una palabra frecuente en los discursos de partidos opositores y grupos críticos de Chaves.

Consciente de la atención internacional sobre la transformación del clima de seguridad en el país, el mandatario ha acabado admitiendo la grave crisis de inseguridad y la amenaza que se yergue sobre la población inocente, ajena a los conflictos entre bandas narcotraficantes, aunque culpa con crudeza a las leyes vigentes, a políticos opositores y sobre todo al Poder Judicial, al que acusa constantemente de actuar como su rival político. Ya no volvió a alegar que “se matan entre ellos” y tampoco pide ahora que se mida el desempeño de su Gobierno por los asesinatos ocurridos durante su mandato, como argüía en 2023, pero sostiene que ha hecho todo lo posible y que el resto depende de otros poderes o de los resultados electorales.

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, [Costa Rica ha sido catalogada como un punto clave de transbordo global de cocaína](https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0369#:~:text=Luis%20Manuel%20Picado%20Grijalba%2C%20the,of%20the%20Treasury%20Scott%20Bessent), utilizado por organizaciones criminales para movilizar cargamentos desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa. En los últimos años, el país se ha consolidado como una ruta estratégica del narcotráfico internacional, con redes capaces de transportar toneladas de droga, almacenarlas en territorio costarricense y enviarlas por vía marítima, una situación que ha incrementado la presión del crimen organizado y la violencia asociada al control de estas rutas.

Además, las cifras indican que la tasa de homicidios ronda los 17 por cada 100 000 personas cada año desde el 2023, el doble de una década atrás, pero con una incidencia mayor en la provincia caribeña Limón, donde la tasa casi iguala la de Ecuador y donde se han asesinado a dos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.

Los reportes internacionales indican que el pequeño país centroamericano carente de fuerzas armadas, sólo más grande que Belice y El Salvador, aparece entre las 23 naciones de mayor tránsito o producción de drogas ilícitas, en parte por su estratégica posición geográfica y la amplia zona marítima en aguas del Pacífico y del Caribe que permite el acarreo de estupefacientes desde Colombia hacia los mercados del hemisferio norte.

Los reportes de los medios indican que es inminente la extradición a Estados Unidos del exmagistrado y exministro de Seguridad, Celso Gamboa, detenido en junio como presunto líder narcotraficante y rostro de las sospechas sobre la temida filtración criminal en las instituciones del Estado. Las voces críticas tampoco acaban de disiparse sobre el peso de millones de dólares sucios en la economía nacional cuyas cifras macro enorgullecen a Chaves.

Las imágenes en la retina social ahora abundan en cuadros sangrientos por los homicidios que ocurren de día o de noche a un ritmo de 2,5 en cada jornada. En 2025 hubo más triples homicidios que nunca y se registró la mayor cantidad de menores de edad asesinados. Más de 3000 muertes violentas se cuentan en el cuatrienio actual y a nadie le sorprende que la inseguridad sea el problema más frecuente en debates, entrevistas y proselitismo electoral, en paralelo a la continuidad no no del “chavismo”.

“Estamos pasando líneas muy delicadas que nos activan un estado de alerta y de acción muy fuerte y rápida si no queremos llegar a la situación de la Colombia de los años 90 con sus cárteles y su Pablo Escobar”. Así lo resume Fernando Ramírez, juez penal y hasta julio del 2025 director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), organismo adscrito a la Presidencia de la República encargado de diseñar y coordinar las políticas nacionales “sobre drogas y legitimación de capitales”.

Ramírez reconoce casos de infiltración criminal en entidades policiales y políticas, pero sostiene que la delincuencia no llega a controlar los poderes del Estado, por lo cual evita ese concepto de “narcoestado” que también rechaza con frecuencia Rodrigo Chaves al exaltar su Gobierno y la alianza especial con Estados Unidos.

La palabra sí es frecuente en la boca de candidatos presidenciales de partidos opositores al señalar presuntas acciones del Gobierno de Rodrigo Chaves para facilitar el negocio de la droga. Le achacan el replanteamiento de puestos de control en costas, las limitaciones presupuestarias a la policía técnica del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el constante discurso de erosión de la credibilidad de las instancias judiciales, así como el debilitamiento de la inversión social que debería evitar que más jóvenes en barrios vulnerables queden a expensas de las oportunidades y la acogida que sí les dan los grupos criminales.

“No quieren combatir el narco porque son parte de él (…) Entre sus candidatos a diputado va un abogado del narco, el mismo que defiende a Chaves”, dijo en un debate el aspirante liberal Eliécer Feinzaig a pocos metros de Laura Fernández, la candidata oficialista, que encabeza las encuestas con amplia ventaja y tiene posibilidad de alcanzar el 40% necesario para ganar en primera ronda. Feinzaig aludía a un político de apellido Villalobos que entre sus clientes tiene al mandatario, pero también a personas acusadas de ser parte de grupos criminales. Pero Feinzaig no es el único, lo hacen figuras de varios de los 19 partidos opositores que se pelean la Presidencia de la República entre 2026 y 2030 y los 57 escaños de la Asamblea Legislativa unicameral, a pesar de que ciertas agrupaciones tienen antecedentes de integrantes cuestionados por nexos con narcotraficantes.

La respuesta del Gobierno se ha centrado en exaltar el trabajo de la Fuerza Pública y criticar la falta de respuesta del Poder Judicial ante sospechosos detenidos varias veces y que no son procesados. También endureció las reglas de las cárceles y propuso reformas legales que poco han prosperado, salvo la que permite la extradición de nacionales requeridos por narcotráfico, una posibilidad que podría estrenarse con Celso Gamboa. Su principal respuesta, sin embargo, ha sido la colocación de escáneres donados por Estados Unidos en puestos portuarios para evitar que la cocaína salga del país mezclada con los productos lícitos de exportación. Estos equipos, sin embargo, no evitan que cargamentos de cocaína siguen saliendo con destino a Europa y tampoco tienen un impacto reflejado en las luchas entre grupos narcotraficantes que se disputan los mercados locales de consumo, factor de muchos de los asesinatos.

“Hay un mercado interno porque los grupos locales empezaron a recibir como pago paquetes de droga y esa mercancía tienen que colocarla. Eso es consecuencia de la evolución del país, que hasta hace unos 15 años era sólo bodega o parte de la ruta y ahora es un centro logístico con servicios combustible, reempaque y redistribución, lo que empoderó a organizaciones locales aliadas de cárteles de Colombia y México”, explica Ramírez.

Con él coincide Michael Soto, ministro de Seguridad entre 2022 y 2026 y actual subdirector del OIJ, quien califica el momento como “complejo” por las capacidades limitadas que tiene el país de responder antes de que se sobrepase el punto de no retorno. “Costa Rica tiene muy poco recursos desde la seguridad pura y dura para hacer contención y garantizar la protección de la soberanía costarricense”, lamenta Soto, que admite la insuficiencia judicial para procesar los casos complejos de organizaciones criminales y del lavado de dinero.

Los grupos delictivos tratan de inyectar en la economía legal cantidades de dinero imposibles de cuantificar. Las autoridades desconocen si ha tenido efecto en la reciente reducción de la pobreza en regiones donde hay mayor incidencia de las drogas y sus secuelas violentas. Tampoco hay certeza del origen de todos los dólares que han entrado al país y que han provocado un exceso de divisas y una fuerte revaluación de la moneda local, el colón. Esto ha repercutido perjudicialmente sobre la icónica industria del turismo de manera adicional a alertas de países como Estados Unidos y Canadá sobre condiciones de inseguridad para los visitantes que, sin embargo, no han dejado de llegar.

La campaña electoral también enfrenta una amenaza relacionada con el crimen organizado. Las advertencias de distintas autoridades en los últimos años sobre el riesgo del uso de dinero del narcotráfico en partidos políticos se activan en la actual contienda y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reconoce que el contexto de financiamiento podría promover el ingreso de capitales sucios, a pesar del aumento de controles que deben cumplir las fuerzas políticas.

“Debe de haber mucho dinero por ahí que no podemos rastrear. No somos ingenuos ni pensamos que vamos a vencer con pellizcos a un elefante”, reconoce Ronald Chacón, Jefe de Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Aunque estima que la situación general está bajo control, lamenta que hay espacios peligrosos debido a que sólo Costa Rica y en Honduras carecen de financiamiento indirecto a los partidos en una campaña electoral (servicios pagados directamente por las autoridades de manera equitativa).

Las agrupaciones tienen urgencia de dinero y los grupos criminales tienen urgencia de legitimar su dinero. La mayoría de los bancos se alejaron de ese negocio del financiamiento electoral y el Estado aporta recursos, pero sólo de manera posterior y contra comprobante de gastos. El dinero en efectivo puede solucionar los problemas urgentes y, de paso, comprometer a eventuales cargos políticos que resulten electos.

“Hemos aprendido del Instituto Electoral de México, hemos avanzado mucho al poder acceder a cuentas bancarias y al tener convenios con otras instituciones para tener controles cruzados. Hamos trabajo de campo y ahora tenemos una unidad de criptoactivos, pero es claro que siempre quedan espacios que pueden aprovechar organizaciones con mucho poder económico y cada vez más sofisticadas. Trabajamos en mitigar”, añade Chacón, que también lamenta el cambio de actitud de la ciudadanía ante el narcotráfico, lo cual le abre espacios en la vida política, en la vida económica y hasta en iglesias cristianas, como se vio en una alguna investigación penal del 2024 sobre lavado de dinero en la zona norte del país.

A Chaves le molestan las publicaciones internacionales sobre la situación de inseguridad porque aduce que hay un riesgo a la reputación del país. La situación crítica, sin embargo, la admite la propia candidata presidencial del chavismo, al proponer medidas extremas, como la declaratoria de estados de excepción para atacar a los criminales de las comunidades más golpeadas, según ella. Esta opción, [de evidente inspiración salvadoreña](https://www.divergentes.com/nicaragua-on-the-economic-brink-what-the-country-stands-to-lose-if-donald-trump-expels-it-from-cafta-and-imposes-100-tariffs/), dependería de que el oficialismo logre en febrero una fuerte mayoría legislativa, algo que tampoco se puede garantizar con las encuestas disponibles hasta ahora.

La propuesta de Fernández calza con la “mano dura” que predica Chaves al criticar el exceso de garantismo del sistema judicial costarricense, a pesar de que la ley establece penas más altas que el promedio continental. Parte de ese endurecimiento de las políticas es la cárcel nueva que se impulsó en coincidencia con el proceso electoral, inspirada en el complejo penitenciario salvadoreño llamado “Cecot”, símbolo de la política de seguridad de Bukele contra las pandillas. Bukele y Chaves se juntaron inaugurar [el centro de detención con capacidad para más de 5.000 presos](https://www.divergentes.com/nicaragua-on-the-economic-brink-what-the-country-stands-to-lose-if-donald-trump-expels-it-from-cafta-and-imposes-100-tariffs/), un proyecto que según Fernando Ramírez podría ser útil para disuadir la actividad criminal, aunque advierte que los fenómenos criminales de Costa Rica y el Salvador responden a “realidades muy distintas que no necesariamente requieren la misma medicina”.

Ramírez y Soto subrayan la necesidad de trabajar en la prevención, sobre todo en la recuperaciones de espacios sociales que mantengan a los hogares y en especial a los jóvenes lejos de la tentación de entrar a la actividad narcotraficante que puede dar dinero tan pronto como puede costar la vida. Varios candidatos, incluida Fernández, lo han propuesto, aunque el costo económico de esa tarea es aún una incógnita.

El problema adicional es en realidad el problema mayor: hay ya una cultura de tolerancia y hasta admiración a los dirigentes de esas bandas criminales, lo cual eleva la probabilidad de que más personas se les acerquen y reduce la capacidad de las autoridades de contar con ayuda ciudadana para desarrollar las investigaciones, además del temor a denunciar, reconocen en distintos cuerpos de seguridad.

“Mataron a mi hermano en mi propia cara, pero de una vez me dijeron que cuidara a mis dos hijos y que mejor me quedara quedita. Claro que no denuncié ni nada, dije que no vi cuando le dispararon aunque sé quién fue”, dijo en diciembre una mujer en Puntarenas, la ciudad de la costa pacífica donde los homicidios crecieron en años recientes por la llegada de unas bandas desde Limón. Su marido era pescador y por años dio servicios de abastecimiento en el mar a grupos criminales, pero en 2024 cayó preso. “Aquí la droga es una forma de vida y también una forma de muerte”, añadía la mujer.

Ese es el problema mayor, como dijo en diciembre Manuel Cartín, oficial del área de prevención del Ministerio de Seguridad, ante una comisión de diputados a quienes pidió prohibir la difusión de programas televisivos que exaltan la cultura del narcotráfico, aunque quizás sea un poco tarde. Las “narcoseries” de producción colombiana entraron a los hogares en televisión abierta cuando eran niños muchos de esos jóvenes que ahora quieren disfrutar del dinero fácil, los lujos, las modelos y la adrenalina de la amenaza constante. Ese pudo ser uno de los factores del cambio cultural que exalta o tolera al líder narco local, e incluso que resta importancia a las advertencias de expertos y opositores al Ejecutivo, quienes además asocian el avance del crimen organizado con el deterioro del sistema democrático que acreditan al movimiento chavista.

“Es una amenaza existencial para Costa Rica por la peor crisis de seguridad”, le llama el candidato Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC, derecha), quien incluso logró el apoyo del Partido Popular Europeo (PPE), principal fuerza del Parlamento Europeo, para un plan de cooperación que incluiría la instalación de la Europol en el principal puerto costarricense (Moín, en el Caribe), donde los escáneres instalados por Chaves no bastan para blindar la salida de droga hacia sus mercados a través del Atlántico. El PPE califica a Costa Rica como un preocupante “centro logístico de tránsito para la distribución de cocaína”.

Hidalgo también propone vender el estatal Banco de Costa Rica (BCR) para financiar la lucha contra el crimen. Otros candidatos proponen uso de inteligencia artificial, un replanteamiento total de la estrategia, crear un “cerebro tecnológico” contra el crimen, aumentar los rangos de intervención de Estados Unidos o duplicar la cantidad de oficiales de policía ante la carencia de fuerzas armadas. También plantean reformas constitucionales profundas, la creación de cuerpos tipo “CIA” adscritos a Presidencia, distintos planes de inversión social para prevenir el salto de jóvenes a las bandas y, por supuesto, los ingredientes de la “fórmula Bukele” que se aplicó contra las maras salvadoreñas.