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январь 29, 2026
¿5000 millones de dólares lavados por Bayardo Arce? Una cifra que no cuadra ni con los mayores escándalos de corrupción en América Latina
Expertos en lavado de activos cuestionan la viabilidad técnica del monto atribuido en la acusación contra el exasesor presidencial, que se acerca a los colosales casos de corrupción en América Latina: no se delimitan períodos, no se distingue entre utilidades y simples movimientos de capital ni se describe una estructura financiera acorde a esa magnitud. El proceso, además, se desarrolla bajo absoluto secretismo, sin expediente público ni juicio conocido, contra quien durante años fue el principal operador de los negocios del modelo dinástico Ortega-Murillo. Las cifras lo colocan en una escala comparable a tramas como Odebrecht, el desfalco a PDVSA o las grandes estructuras de lavado del narcotráfico regional
TL;DR
- Bayardo Arce Castaño, a former economic advisor to Daniel Ortega, has been accused and convicted of money laundering and tax fraud by the Nicaraguan regime.
- The regime claims the alleged illicit operations amount to nearly $5 billion, a figure experts deem unprecedented and disproportionate to Nicaragua's economy.
- Experts suggest that such a sum is more plausible in large-scale criminal economies like drug trafficking, not corruption, and that the official accusation lacks technical precision.
- Sources indicate that Daniel Ortega was aware of Arce's economic operations, making the accusation potentially a political maneuver.
- The alleged amount rivals major corruption scandals in Latin America, such as Odebrecht and PDVSA, which involved more complex networks and larger numbers of implicated individuals.
- The accusation against Arce and three others is seen as a political strategy to punish a former ally, with inflated figures used to discredit him rather than dismantle corruption networks.
- The magnitude of the alleged fraud exceeds Nicaragua's projected annual tax revenue and foreign direct investment, raising questions about its technical sustainability and the lack of other implicated officials.
- The case is presented without a public trial or known judicial process, reinforcing the perception of a political rather than a legal action.
Que [Bayardo Arce Castaño](https://www.divergentes.com/?s=Bayardo+Arce) se haya enriquecido al amparo del poder no resulta inverosímil. Fue uno de los hombres más cercanos al dictador Daniel Ortega, comandante histórico del sandinismo, asesor económico presidencial durante años y operador clave entre el régimen y el gran capital.
Lo que sí resulta difícil de sostener de acuerdo a expertos consultados por DIVERGENTES es la cifra que el propio régimen le atribuye [en la acusación y condena que le imputa](https://www.divergentes.com/ortega-y-murillo-condenan-a-bayardo-arce-sin-aclarar-cuando-ni-como-fue-juzgado-tras-seis-meses-de-aislamiento/): una suma de 5000 millones de dólares en presuntas operaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal. Resulta una cantidad sin precedentes para la economía nicaragüense y que no guarda proporción ni siquiera con los mayores escándalos de corrupción en América Latina.
El comunicado de la Procuraduría General de Justicia en que se informa la acusación y condena en contra de Arce Castaño, señala como su principal cómplice a su asistente Ricardo Bonilla, ambos señalados de crear una supuesta “operatividad financiera compleja y prolongada en el tiempo, orientada a integrar capitales ilícitos que los acusados produjeron hasta por USD$2,713,583,217 y C$82,344,806,790, configurando de manera plena el tipo penal de Lavado de Activos en perjuicio del Estado”, cita el documento.
También señala como coautores a la esposa de Arce y su cuñado, Amelia Ybarra y Amílcar Manuel Ybarra, quienes desde diciembre huyeron de Nicaragua para escapar de la persecución en su contra.
La suma combinada del monto en dólares y la conversión al cambio oficial de los córdobas establecidos en el documento de la Procuraduría, arrojan como resultado exactamente 4,951,864,640.95 de dólares, en supuesto perjuicio del Estado.
Conexión Panamá-Islas Vírgenes Británicas
Además, se acusa a Arce Castaño y Bonilla Castañeda, que con el fin de ocultar a los verdaderos beneficiarios, crearon 49 sociedades, “de las cuales 35 operaban activamente para canalizar flujos de capital ilícitos provenientes de la evasión fiscal sistémica. Mientras que para el lavado de dinero utilizaron la estratificación mediante préstamos ficticios y transferencias internacionales hacia Panamá y las Islas Vírgenes Británicas”.
Para Daniel M. Rico, criminólogo colombiano en lavado de activos y narcotráfico, el señalamiento oficial carece de precisión técnica básica. “Es difícil entender esa cifra sin saber en qué período de tiempo se habría producido, o si el régimen se refiere a lavado de dinero o simplemente a movimientos de dinero. Es decir, si se trata de utilidades o de capital de trabajo”, expone.
Rico explica a DIVERGENTES que, aunque se trata de “mucho dinero”, montos de ese calibre solo podrían resultar plausibles en economías criminales de gran escala: “El narcotráfico en Nicaragua podría dar para ese valor, pero no la corrupción”.
Ortega siempre estuvo enterado de las operaciones de Arce
Fuentes allegadas al sandinismo citadas para este artículo confirman que Ortega siempre estuvo al tanto de las operaciones económicas de Arce quien, antes de ser [purgado por Rosario Murillo](https://www.divergentes.com/pgr-acusa-a-bayardo-arce-de-realizar-transacciones-ilegales-desacatar-la-autoridad/), era la mano derecha del caudillo sandinista en los negocios formales, “ya que para los negocios turbios el operador ha sido Rafael ‘Payo’ Ortega”. “Era virtualmente imposible que Arce manejara semejante cantidad de plata sin la venia de Daniel”, insiste.
Además de las dudas técnicas y económicas sobre los casi 5000 millones de dólares que la Procuraduría atribuye a Arce en presunto lavado de activos, esa cifra casi alcanza el monto global de la cooperación venezolana vertida a Nicaragua durante más de una década bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Según investigaciones periodísticas y datos disponibles, entre los años 2007 y 2018 Venezuela habría entregado más de 5057.8 millones de dólares al régimen Ortega-Murillo para financiar proyectos políticos, petroleros y de cooperación económica —incluyendo acuerdos con la empresa binacional Albanisa y esquemas de importación de crudo a precios preferenciales— recursos que fueron manejados de manera privada, sin transparencia y que expertos consideran que alimentaron estructuras de poder y negocios vinculados al régimen copresidencial.
Una cifra estratosférica
La acusación y condena contra Arce Castaño y sus cercanos —anunciadas tras seis meses de aislamiento y sin que se conozca un proceso judicial público— no solo exhiben a un antiguo aliado caído en desgracia. También revela una estrategia de castigo político que infla cifras hasta volverlas económicamente inverosímiles, cuando se las contrasta con tramas de corrupción regionales que involucran redes criminales mucho más amplias y complejas.
En América Latina, los casos de lavado de dinero que superan los miles de millones de dólares comparten un patrón: estructuras complejas, decenas —o cientos— de implicados, redes empresariales, bancarias y estatales, y operaciones sostenidas durante años.
El caso Odebrecht, por ejemplo, involucró a una corporación transnacional, presidentes, ministros y partidos políticos en al menos 12 países. Aun así, los sobornos probados rondaron los 788 millones de dólares, y el esquema completo de corrupción y contratos amañados no alcanzó los 5000 millones atribuidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a Arce Castaño,
En Venezuela, [el desfalco a PDVSA, considerado uno de los mayores casos de corrupción del continente](https://chavismoinc.com/), fue estimado en 4850 millones de dólares. Ese monto requirió la participación de altos funcionarios del Estado, banqueros internacionales, empresas fachada y el colapso institucional de una petrolera estatal.
Otro ejemplo del contraste es el esquema criminal desmantelado en 2024 por la Policía Federal de Brasil, vinculado al Primeiro Comando da Capital (PCC). En esta operación, considerada una de las más grandes del continente en años recientes, se detectó una red integrada por más de 1000 gasolineras, empresas de combustibles, fintechs y fondos de inversión, utilizada para lavar y mover cerca de 9500 millones de dólares durante un periodo de cuatro años.
La trama incluyó evasión fiscal, operaciones internacionales, uso de testaferros y estructuras legales complejas. El caso brasileño involucró centenares de implicados, más de 350 órdenes judiciales y bloqueo de activos millonarios tras una investigación conjunta entre agencias fiscales, judiciales y policiales.
En Colombia, el Cartel de Cali lavó entre 1000 y 2000 millones de dólares anuales durante su apogeo, apoyado en redes financieras internacionales y una estructura criminal extendida. En México, las estimaciones sobre el lavado del Cártel de Sinaloa se mueven en rangos similares, también con redes transnacionales.
Cuatro acusados para una cifra continental
En contraste, la acusación contra Bayardo Arce lo señala solo a él y tres personas más como responsables de un monto que rivaliza con los mayores desfalcos del continente. No se conoce una red amplia de operadores, no hay funcionarios tributarios procesados, no se ha informado de bancos intervenidos, ni de una investigación financiera de alcance internacional.
El economista Marco Aurelio Peña refiere que el problema no es únicamente político, sino técnico. “Cuando uno suma las cifras que menciona la Procuraduría, estamos hablando de unos 5000 millones de dólares. Eso es más de la cuarta parte del PIB nominal de Nicaragua en 2024. Es más que las remesas que recibe el país en un año, más que la inversión extranjera directa anual y más que el patrimonio de los empresarios más ricos del país”, afirma.
Peña aclara que no se trata de absolver a Arce en términos morales o económicos. “No descarto que haya lavado dinero, ni que se haya enriquecido ilegalmente. El punto es que la magnitud atribuida no corresponde a la realidad económica de Nicaragua”, dijo.
El economista explicó que el propio Estado nicaragüense proyectó para 2024 una recaudación fiscal cercana a 3850 millones de dólares. La acusación contra Arce y sus supuestos coautores supera incluso ese monto.
“Estamos hablando de una defraudación que sería mayor que todos los ingresos del Estado en un año. Técnicamente eso no es sostenible. Si fuera cierto, implicaría una complicidad masiva dentro de la Dirección General de Ingresos y otras instituciones. ¿Quién ha caído por eso? Nadie”, cuestiona Peña.
En los grandes casos regionales, las cifras millonarias no aparecen aisladas: van acompañadas de investigaciones extensas, procesos judiciales visibles y una cadena larga de responsabilidades. En Nicaragua, en cambio, la acusación se presenta sin expediente público, sin juicio conocido y con una narrativa cerrada desde el poder.
¿Fallaron mecanismo de control sandinistas?
Arce fue durante años parte del engranaje que permitió la acumulación de riqueza alrededor del poder. Fue interlocutor con empresarios, operador del modelo económico y beneficiario de un sistema que toleró —y facilitó— prácticas opacas.
“¿No es que la dictadura sandinista se precia de tener mecanismos de control y de adoptar las recomendaciones técnicas del GAFI y del GAFILAT para la prevención y la sanción de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva? ¿Cómo esta persona estuvo moviendo una cantidad de dinero desde hace tiempo? El hecho de que esto aparezca hoy, que se destape recientemente, y que hoy se le declare culpable, simple y sencillamente es una maniobra política. En términos políticos, podemos concluir que lo están fusilando políticamente. No porque yo piense que no ha lavado activos. Eso no lo descarto. Sino que la intención ahora es política”, afirma Peña.
Que ahora se le señale no implica que esas prácticas hayan desaparecido, sino que el régimen decidió exponer selectivamente a uno de los suyos. “La intención no es desmontar las redes de corrupción, sino castigar a quien dejó de ser funcional. La cifra es exagerada porque no busca explicar, sino escarmentar”, resume Peña.
El caso Bayardo Arce no se sostiene por la solidez de sus cifras, sino por su utilidad política. Comparado con los grandes escándalos de lavado en América Latina, el monto que se le atribuye resulta desproporcionado, irreal y ajeno a la escala de la economía nicaragüense.