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февраль 1, 2026

Las elecciones en Costa Rica 2026: una prueba para la democracia

Juan-Diego Barberena 30 de enero 2026

Hubo una vez un presidente de la República que, inmediatamente después de su mandato presidencial y tras un amaño normativo, resultó electo diputado de la Asamblea Legislativa de su país. Otra artimaña legal le permitió que le eligieran presidente de ese poder público. Desde allí aspiraba a preservar su inmunidad y controlar todos los hilos del poder político, manteniendo poder suficiente para, además de no dejar de mandar, regresar en el período inmediato siguiente a la candidatura presidencial. Este expresidente terminó preso por corrupción y es hoy uno de los responsables de que Nicaragua esté sumida en la peor dictadura de Latinoamérica, tras pactar el retorno de Daniel Ortega. Su nombre es Arnoldo Alemán, cuyo mandato fue entre 1996 y 2001.

Alemán era un líder carismático, “dicharachero”, hablaba muy similar al ciudadano común y de “a pie”, y era protagonista siempre de sus discursos. Era, en fin, un caudillo de los tantos que ha tenido la política nicaragüense. Su estilo político era muy similar al que hoy tiene don Rodrigo Chaves, aún presidente de Costa Rica.

Rodrigo Chaves me recuerda a Alemán, no solo por sus discursos y su verbo, sino también porque intentó hacer prácticamente lo mismo que el viejo caudillo nicaragüense: renunciar a su cargo de presidente, postularse a diputado y, una vez electo, ser nombrado presidente de la Asamblea Legislativa para preservar, de forma intacta, el poder. No lo logró hacer porque ello implicaba perder su inmunidad. En los últimos casi ochenta años de vida democrática de Costa Rica, jamás se había visto a un presidente con tanto afán de poder.

Este domingo 1 de febrero, los ticos y las ticas saldrán a las urnas a elegir —si los votos le alcanzan a algún candidato para llegar al 40%— al próximo presidente o presidenta del país. No son unas elecciones más; son, quizás, las elecciones más cruciales y trascendentales en la historia democrática de Costa Rica. La sociedad costarricense vive múltiples problemas, en parte causados por el auge del neoliberalismo y las políticas involutivas que cada día han hecho menos presente al Estado social y lo han desprovisto de garantías. Pero quizás el mayor de los problemas es el de la inseguridad ciudadana, con una tasa de homicidios de 16,7 por cada 100 mil habitantes.

El narcotráfico ha permeado las instituciones y a la sociedad y, ante un Estado cada vez más ausente de los márgenes sociales más vulnerables, el crimen organizado ha ido controlando territorios, reclutando a jóvenes y ejerciendo una disputa real a las autoridades. También las largas listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son otro de los problemas, al que se le suma el retroceso en educación básica y la carestía de la vida que hace que la clase media viva contando para llegar al fin del mes. Estos y otros problemas la ciudadanía no ha logrado verlos solventados únicamente por la virtud democrática.

Ante el hartazgo de necesidades insatisfechas que se han acumulado administración tras administración, Chaves logró articular un discurso frontal, antisistema y antipolítico que capitalizó el rechazo más o menos generalizado. Es la misma estrategia que le ha dado éxito a Nayib Bukele, a Javier Milei, a Donald Trump y a Santiago Abascal, por poner algunos ejemplos. Sin embargo, el principal efecto que ha irradiado el discurso chavista es el de la polarización que, en detrimento de la convivencia política, genera, prima facie, un peligro a la democracia plural.

Ninguno de los principales problemas se ha dispuesto a resolverlos; al contrario, ante la negación del diálogo y del trabajo con el resto de las instituciones para luchar de forma efectiva y multidimensional contra la criminalidad, ha confrontado al Legislativo, al Poder Judicial y a la Fiscalía, culpándolos de la crisis de seguridad pública. Y es allí donde surgen las fórmulas bukelistas de la necesidad de decretar un estado de excepción y suspender los derechos fundamentales; de construir una megacárcel para recluir a todos los criminales; de sustituir a todo el Poder Judicial y, sobre todo, a la Sala Constitucional y a la Fiscalía. Si estos órganos de poder pierden su independencia, la democracia más longeva de la región estaría perdiéndose.

Al menú de propuestas del partido oficialista y su candidata, Laura Fernández, se suma la convocatoria a una Asamblea Constituyente que redacte un nuevo pacto constitucional y disponga la posibilidad de reelección continua.

Los nicaragüenses ya hemos visto esta película: Ortega pudo perpetuarse en el poder porque logró reformar la Constitución y establecer la reelección indefinida, descabezó todas las instituciones y centralizó todas las atribuciones hasta llegar a configurar una dictadura de corte totalitario. Bukele destituyó a todos los jueces y fiscales, garantes del check and balance, y estructuró un régimen de corte dictatorial. Para ello enmendó el texto constitucional que avaló la reelección presidencial sin límites.

Foto de Miguel Andrés.

Las actitudes autoritarias de la actual administración —a las que hay que sumar el constante ataque a la prensa— que busca continuar, ponen en riesgo la convivencia democrática de Costa Rica, un país al que muchos nicaragüenses le debemos mucha gratitud porque nos ha abierto las puertas cada vez que una dictadura nos persigue o nos destierra por opinar, por movilizarnos, por informar e incluso, únicamente, por pensar. Este país es lo que es por su democracia y porque, con ella como presupuesto, los actores políticos y sociales han podido en distintos momentos de la historia forjar pactos sociales para llevar adelante las transformaciones necesarias y para encarar retos complejos como los actuales.

Es por eso por lo que estas elecciones son trascendentales; pueden marcar un antes y un después en la vida democrática tica, y ello hace aún más importante que se logre movilizar el voto. Lo que acá es un derecho garantizado, en otros países es un sueño; por tal razón, el bien constitucional del sufragio en estas circunstancias es un privilegio y debe ser ejercido con responsabilidad y con visión hacia el futuro. Los problemas que aquejan al país solo se resolverán con más democracia, con diálogo, coherencia y respeto a la institucionalidad preestablecida.

¿Está en riesgo la democracia en Costa Rica? Es una pregunta que jamás pensó la ciudadanía formularse. Al final las democracias son frágiles y, así como se transita a la democracia, se puede transitar al autoritarismo. Esperemos que las convicciones y principios democráticos se impongan este domingo.