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февраль 1, 2026

Régimen de Nicaragua bloquea trámites de pensiones a exiliados que cotizaron toda su vida

El 20% de exiliados nicaragüenses envejecen sin pensión por una política estatal que castiga el destierro. Aunque cumplieron con sus años de cotización, el régimen Ortega-Murillo les impide acceder al derecho a la jubilación por no estar físicamente en el país. El Colectivo Nicaragua Nunca Más denuncia que no hay mecanismos remotos, atención consular ni protocolos habilitados por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y advierte que la negación de este derecho se ha convertido en una herramienta de represión transnacional

"Don Javier" empezó a trabajar a los 16 años. Desde entonces, no dejó de cotizar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). En 2018, cuando se vio obligado a exiliarse por la persecución política que inició el régimen sandinista tras el estallido social, ya acumulaba más de 1500 semanas cotizadas, el doble de lo requerido por ley para acceder a una pensión de vejez. Hoy, a menos de seis meses de cumplir 60 años, vive en Costa Rica con una mezcla de frustración, incertidumbre y resignación.

“Imagínate que al estar cotizando apenas desde hace dos años aquí en la Caja Costarricense del Seguro Social, me dicen que tengo que seguir trabajando y cotizando hasta los 81 años para tener derecho a una pensión. Pues es lamentable que, por ahora, no voy a poder regresar a Nicaragua para reclamar lo que en derecho me corresponde. Y la verdad es que me pregunto si (en Costa Rica) voy a tener capacidad de trabajar tanto tiempo”, lamenta.

Como él, miles de nicaragüenses que trabajaron durante décadas y cumplieron con sus obligaciones como asegurados, enfrentan hoy en el exilio una nueva forma de exclusión. No pueden jubilarse y no pueden gestionar su pensión desde el exterior, porque su país de origen no ofrece ninguna vía efectiva para garantizar ese derecho. Lo que debería ser una etapa de descanso y reconocimiento es, ahora, una prolongación del castigo político que impuso el régimen tras la crisis de 2018.

Juan Carlos Arce, abogado y defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, advierte que alrededor del 20% de la población nicaragüense en el exilio se encuentra en edad de jubilación. Se trata de personas que cotizaron durante décadas al sistema previsional y que hoy enfrentan la vejez fuera del país, sin acceso efectivo a la pensión que legalmente les corresponde.

“Estamos ante una flagrante violación a los derechos humanos. La pensión es un derecho adquirido que no puede ser conculcado. Negarla por razones políticas es una represalia y un auténtico robo a la contribución de años de los asegurados”, afirma.

Requisitos imposibles para quienes huyen de la represión

La Ley de Seguridad Social establece que cualquier persona afiliada al INSS puede acceder a una pensión al cumplir los 60 años, siempre que haya cotizado al menos 750 semanas (unos 15 años). Sin embargo, el proceso requiere iniciar el trámite de forma presencial y presentar documentos oficiales vigentes como cédula de identidad, partidas de nacimiento y fe de vida notariada en Nicaragua.

Para quienes están fuera del país, el procedimiento es inviable. Los consulados nicaragüenses no ofrecen este tipo de trámites, y además son percibidos como extensiones del aparato de vigilancia. “Los exiliados enfrentan barreras insalvables. El INSS exige apersonarse, lo cual es incompatible con el exilio. Incluso si una persona manda a alguien con poder notarial, los funcionarios niegan el trámite”, explica el abogado.

La única excepción es el mecanismo de fe de vida para quienes ya reciben pensión. “Pero no existe ningún mecanismo remoto para iniciar el trámite desde el extranjero”, recalca Arce. Tampoco hay atención digital, ni líneas habilitadas para consultas. “Es una política de exclusión deliberada”.

Además, advierte que el problema tiene un componente estructural. “A nivel económico, esta práctica le permite al Estado reducir sus gastos operativos mediante el incumplimiento de sus obligaciones legales. Es decir, la negación arbitraria es parte de la política del Seguro Social para reducir costos”.

Quienes podrían intentar delegar el trámite a un tercero en Nicaragua también encuentran trabas. “Legalmente es posible otorgar un poder, pero hay funcionarios del INSS que igual exigen la presencia del asegurado. Y eso no es posible para un exiliado”, denuncia Arce.

Un patrón de violaciones transnacionales que alcanza a los jubilados

La exclusión de exiliados nicaragüenses del sistema de pensiones no es un hecho aislado ni producto de ineficiencias administrativas. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU documentó cómo el régimen Ortega-Murillo ha extendido su aparato represivo más allá de las fronteras nacionales, aplicando políticas deliberadas de castigo contra los más de 800 000 nicaragüenses que han huido del país desde la crisis de 2018.

En un informe publicado en septiembre de 2025, el GHREN plantea que estas acciones configuran violaciones transnacionales de derechos humanos, entre las que se incluye la denegación arbitraria del derecho a la pensión. Según el documento, esta exclusión forma parte de un patrón sistemático en el que el Estado “utiliza la privación de derechos económicos y civiles para prolongar el sufrimiento de quienes considera enemigos políticos”, incluso cuando estas personas se encuentran en el exterior y han adquirido derechos previsionales mediante años de trabajo formal.

“El uso deliberado de la privación de la nacionalidad y la eliminación o denegación de documentos oficiales ha impuesto lo que las propias víctimas describen como una ‘muerte civil’. Como resultado, se desgarran familias, se priva a niñas y niños de su derecho a la identidad y a la educación, se despoja a las personas adultas mayores de sus pensiones, y los familiares en Nicaragua enfrentan represalias, intimidación y aislamiento”, refiere el documento.

Estas prácticas dificultan o impiden trámites básicos, incluida la jubilación, y forman parte de una política estatal orientada a aislar y precarizar a la población exiliada. Según el GHREN, esta estrategia tiene efectos directos sobre la integridad física y mental de las personas afectadas.

“Tengo miedo de que borren todo mi historial”

*Pedro* es un exiliado nicaragüense que cotizó más de 27 años al INSS. No ha llegado aún a los 60, pero lo que debería ser una etapa de preparación para el retiro, se ha convertido en una fuente de angustia.

“Por las circunstancias que me ha tocado vivir, se me ha hecho bastante difícil saber con certeza cómo está mi situación. Pero, por poca información que he recibido a través de amistades, sé que ahí están mis cotizaciones, gracias a Dios. Ahí están”, afirma.

Aunque aún le faltan dos años para llegar al trámite de jubilación, teme llegar a ese momento. “Tengo el temor de que cuando llegue esa edad se me vaya a denegar, por las circunstancias que vivimos los nicaragüenses, y en particular algunos de nosotros perseguidos directamente por el régimen”, expresa. “Eso es lo que más me preocupa: que después de haber trabajado toda una vida, no me reconozcan ese derecho”.

A la preocupación de Pedro se suma la incertidumbre de poder recibir una pensión justa ya que a la fecha no ha logrado reunir ningún fondo de ahorros, ni un negocio propio, por lo que este beneficio sería el único ingreso seguro que tendría. “He hablado con otros colegas que trabajaron incluso más tiempo que yo y me dicen que lo que reciben no les ajusta ni para la panadol”, comenta.

Otro caso es el de *Lucrecia*, también exiliada nicaragüense en Costa Rica. Ella trabajó durante dos décadas como técnica contable en una empresa privada en Managua. Comenzó a cotizar al INSS en 2002 y mantuvo un historial ininterrumpido hasta 2022, cuando salió del país. Hoy tiene 55 años y le faltan cinco para cumplir la edad de jubilación.

“Sé que logré acumular más de 1300 semanas cotizadas. Siempre tuve claro que iba a depender de esa pensión para sostenerme en la vejez, porque no tengo propiedades, ni ahorro suficiente”, dice desde San José, donde ahora sobrevive como cuidadora de personas mayores. Su preocupación no es solo económica. También teme que, en un escenario futuro en el que caiga el régimen, sus años de cotización ya no aparezcan en los registros oficiales.

“Lo que más me angustia es que el día que regrese y quiera iniciar el trámite, me digan que no existo en el sistema. El régimen borra personas, borra historias, y tengo miedo de que hagan lo mismo con mi derecho a la pensión”, afirma.

Una política de castigo institucional

Para Arce, negar el derecho a la pensión no es una omisión técnica, sino una política deliberada de castigo. “El objetivo es destruir física, económica y emocionalmente a cualquier persona considerada opositora. Es parte de la muerte civil que el régimen impone”, afirma.

“El discurso de odio de Rosario Murillo se materializa en estas prácticas. Ella dice ‘andan errantes por el mundo porque eso es lo que merecen’. Lo que hacen es convertir esa lógica en política de Estado”, agrega.

El resultado es que miles de nicaragüenses envejecen en la exclusión. “En el Colectivo Nicaragua Nunca Más hemos documentado casos de adultos mayores que salieron del país solo con una mochila. Sin recursos, sin medicinas, sin redes de apoyo. Son personas altamente vulnerables a la pobreza extrema y a la exclusión social, sobre todo en países como Costa Rica, que no tienen programas de asistencia específicos para esta población”, advierte.

Otra de las barreras señaladas por Arce es la inutilidad de las representaciones diplomáticas. “Los consulados nicaragüenses no cumplen ninguna función de acompañamiento a su población en el exterior. Se han convertido en mecanismos de vigilancia y control, no en canales para resolver trámites”, asegura.

“Diversos países tienen convenios en los que se pueden trasladar el monto de las cotizaciones y percibir ese derecho en el sistema de seguridad social en el país de residencia del cotizante, pero estos son mecanismos legales que no existen en Nicaragua y que funcionan en Estados de derecho. El régimen de Nicaragua no funciona como Estado garante o facilitador, sino desde la lógica de la arbitrariedad y la violación sistemática de los derechos humanos”, afirma Arce.

El exilio empuja las pensiones al terreno de la justicia internacional

Las personas exiliadas a las que el régimen ha bloqueado el acceso a su pensión no tienen ninguna vía legal dentro del país para reclamar. La única opción posible es acudir al sistema interamericano de derechos humanos. Según el abogado Juan Carlos Arce, hay fundamentos para denunciar violaciones a derechos como el trabajo, la seguridad social y la protección judicial, todos reconocidos en la Convención Americana. La ruta no es sencilla. Requiere tiempo, recursos legales y acompañamiento especializado. Aun así, permite documentar abusos, establecer responsabilidades y exigir reparaciones.

El informe del GHREN recomienda con urgencia que se implementen mecanismos internacionales de protección diferenciada para personas en situación de vulnerabilidad, como los exiliados en edad de jubilación. El cumplimiento de sentencias internacionales, sin embargo, es prácticamente nulo en contextos autoritarios como el de Nicaragua. El régimen no reconoce los contrapesos institucionales ni acata decisiones externas.

Desde las organizaciones de derechos humanos como el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la apuesta sigue siendo la denuncia constante y el acompañamiento de actores internacionales. Arce recuerda que en 2024 el Comité de Comercio de Estados Unidos abrió una investigación contra Nicaragua por violaciones a derechos laborales. El derecho a la pensión forma parte de ese conjunto de garantías. Negarlo, dice, no solo afecta a las personas jubiladas. También incumple acuerdos internacionales que el país ha suscrito. Esa presión no asegura justicia inmediata para don Javier, Pedro y Lucrecia, pero impide que el régimen cierre por completo los caminos de reclamo.

***Este reporte especial fue elaborado con el auspicio del Fondo de Canadá para iniciativas locales de la Embajada de Canadá para Costa Rica, Nicaragua y Honduras***.

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