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декабрь 25, 2025

Nicaragua perdió 100 mil empleos formales desde 2018 y se hunde en una economía de sobrevivencia

Desde 2018, Nicaragua vive un deterioro progresivo del empleo formal que ha empujado a miles de personas a sobrevivir en la economía informal. El número de trabajadores asegurados en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social cayó en casi 100 mil en los últimos ocho años, mientras más del 74% de la población ocupada labora sin acceso a pensiones, cobertura médica o tienen estabilidad laboral. Los datos oficiales muestran que la economía nicaragüense no genera empleo digno, sino condiciones de subsistencia

En 2017, más de 914 mil personas cotizaban al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Era el punto más alto en una década, marcada por cierta estabilidad económica y expectativas de crecimiento. Pero, a partir de la crisis sociopolítica de 2018 desatada por la masacre del régimen sandinista contra las protestas civiles de ese año, esta cifra inició una caída sostenida que la dictadura no ha logrado revertir.

A junio de 2025, el número de asegurados activos apenas alcanzó los 817 349. Es decir, Nicaragua perdió casi 100 mil empleos formales en ocho años. Los anuarios estadísticos de 2019 a 2023 del INSS, muestran cómo sectores como la construcción, el comercio, la agricultura y el trabajo doméstico concentran los niveles salariales más bajos del país, con ingresos promedio mensuales que no superan los 9000 córdobas (unos 245 dólares al cambio oficial vigente, congelado desde el 1 de enero de 2024).

Mientras tanto, los empleos mejor remunerados —ubicados en el sistema financiero, telecomunicaciones y el Gobierno central— apenas concentraron el 11.3 % del total de afiliados al INSS en 2023. El resto de la fuerza laboral se reparte en sectores con salarios bajos y condiciones precarias, lo que acentúa la desigualdad en el acceso a empleo digno en Nicaragua.

Este dato confirma que, aunque los sectores con mayor paga concentran los salarios más altos reportados por el INSS (entre 18 000 y 28 000 córdobas mensuales), solo 1 de cada 10 afiliados forma parte de estas actividades económicas. El resto se distribuye en sectores con ingresos considerablemente menores, como agricultura, comercio, construcción o trabajo doméstico.

Ni entre los que ganan más el salario alcanza en la economía de sobrevivencia

Sofía, de 47 años, quien pidió anonimato por el riesgo de hablar con un medio de comunicación que opera en el exilio, es jefa de recursos humanos en una empresa de servicios y forma parte de ese pequeño grupo que gana más de 25 mil córdobas mensuales (683 dólares al cambio oficial vigente).

Sin embargo, afirma que ese ingreso no le alcanza para cubrir los gastos de su hogar, especialmente porque tiene tres hijos, dos de ellos universitarios. “Con los costos de la universidad de mis hijos, la provisión y los gastos básicos siempre quedo corta al mes. No sé cómo hará la gente que gana menos de eso porque ni con 25 mil yo logro ajustar”, dice con frustración.

En 2022, decidió abrir un pequeño negocio informal de préstamos entre sus compañeros de trabajo, aprovechando su posición para verificar ingresos y proteger su inversión. Colocaba préstamos al 20% de interés y obtenía una ganancia del 10%, ya que el capital lo conseguía a través de otro prestamista externo, que también le cobraba un 10% de comisión. Durante un tiempo, el negocio funcionó. Sofía sabía cuándo alguien iba a renunciar, y podía cobrar su dinero al momento de la liquidación.

En 2025, la empresa donde trabaja Sofía comenzó a perder clientes a causa de la crisis económica derivada del clima político del país. La falta de ingresos afectó su estabilidad financiera y provocó la salida de varios empleados. Cuenta que muchos de ellos, con salarios inferiores al de ella, renunciaron al trabajo para emprender negocios informales o migraron a Estados Unidos o Costa Rica en busca de mejores oportunidades.

“Es penoso, pero la empresa descubrió algunos robos de equipos por parte de los trabajadores por lo que al momento de liquidarlos se fueron sin dinero y sin poder pagarme. Otros que han renunciado tomaron sus prestaciones y simplemente se fueron del país, sin avisar ni pagarme los saldos pendientes”, lamenta Sofía.

Su caso ilustra que, incluso con un empleo formal y mejores ingresos, muchas personas deben recurrir a alternativas de sobrevivencia ante un entorno económico estancado y precario. Los datos oficiales reflejan un retroceso sostenido del trabajo con derechos y evidencian la pérdida del empleo formal, sustituido por una economía de sobrevivencia donde amplios sectores enfrentan bajos ingresos, inestabilidad laboral y ausencia de protección social.

El espejismo de la ocupación total

De acuerdo con el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), más del 74% de la población ocupada en Nicaragua trabaja en condiciones informales, sin acceso a seguro social, estabilidad ni prestaciones. Esta cifra representa uno de los índices más altos de América Latina, y afecta especialmente a mujeres, jóvenes y trabajadores del área rural.

Mientras los datos del INSS muestran una caída persistente del empleo formal, el Instituto INIDE presenta tasas de ocupación superiores al 96% y un desempleo abierto de apenas 2.6 %. Pero ese indicador, por sí solo, oculta la realidad del subempleo, la informalidad y los ingresos insuficientes que afectan a casi la mitad de la fuerza laboral nicaragüense.

En agosto de 2025, la Encuesta de Empleo Mensual  del mismo INIDE reportó una tasa de subempleo del 38% a nivel nacional y 42.4 % en Managua, la ciudad con mayor actividad económica del país. En otras palabras, aunque mucha gente “trabaja”, lo hace por menos del salario mínimo, o en jornadas parciales sin estabilidad ni derechos laborales.

La mutación del empleo en Nicaragua

El economista Marco Aurelio Peña señala que la diferencia entre las cifras del INIDE y el INSS revela que el empleo en Nicaragua no desapareció, pero sí mutó hacia formas más frágiles, mal remuneradas y sin seguridad social.

Aunque el Gobierno suele presumir altos niveles de ocupación en Nicaragua, un análisis más profundo revela una realidad laboral precaria. De acuerdo con el economista Néstor Avendaño, basado en los datos oficiales del INIDE correspondientes a septiembre de 2025, el país enfrenta un mercado laboral “frío”, con más signos de debilidad que de recuperación.

Uno de los indicadores más alarmantes es la tasa de subempleo, que alcanzó el 43.4 % de las personas ocupadas. Esto significa que casi la mitad de quienes tienen trabajo no lo hacen en condiciones adecuadas, porque trabajan menos horas de las que deberían o reciben salarios por debajo del mínimo legal. Para Avendaño, este dato “comprueba una baja productividad de la economía y una gran debilidad del mercado laboral para generar empleos estables y dignos”.

A ello se suma que el 13.3 % de la fuerza laboral presiona por un mejor empleo, ya sea porque está desempleada o porque, aun teniendo trabajo, busca horas extras o mejores condiciones. Esta cifra representa un aumento significativo respecto al mes anterior y refleja un entorno laboral saturado, en el que las oportunidades son escasas y muchas personas están atrapadas en ocupaciones informales o mal remuneradas.

Otro dato que confirma el estancamiento es la tasa de inactividad, que se mantiene en 33.1 % de la población en edad de trabajar. Muchas de estas personas abandonan la búsqueda de empleo, tras no encontrar oportunidades reales. “Lo preocupante no es solo que haya poca generación de empleo, sino que hay miles de personas que simplemente dejaron de buscar porque ya no esperan nada del mercado”, advierte Avendaño.

Menos empleadores, más precariedad

Solo 1 de cada 10 trabajadores afiliados al INSS tiene ingresos entre 18 mil y 28 mil córdobas mensuales. DIVERGENTES/Archivo.

Otro dato que refuerza esta tendencia es la reducción del número de empleadores activos inscritos ante el INSS. En 2018, se registraron 40 055, el nivel más alto en la serie histórica antes del descenso sostenido que comenzó tras la crisis sociopolítica de abril de ese mismo año. Para 2023, la cifra se redujo a 36 874. Esta disminución refleja la desaparición de pequeñas y medianas empresas, así como el traslado de actividades al sector informal o semiformal, en la que no se garantiza el cumplimiento de los derechos laborales.

La masa salarial también se ha estancado. En términos reales, los ingresos promedio reportados al INSS pierden poder adquisitivo frente al costo de la vida. Los salarios promedios en sectores como agricultura, comercio y servicios no superan los 11 000 córdobas mensuales (menos de 300 dólares), cifra que resulta insuficiente para cubrir una canasta básica, que a noviembre de 2025 supera los 20 000 córdobas mensuales.

El economista Marco Aurelio Peña considera que el resultado de estas convergencias sociales y económicas es un mercado laboral en el que trabajar ya no garantiza vivir con dignidad, y donde muchas personas migran, emprenden por necesidad o aceptan cualquier actividad económica para sobrevivir.

Un mercado laboral deteriorado por el control político

De acuerdo con análisis de especialistas, la fragilidad del empleo formal en Nicaragua no es solo una consecuencia de la crisis interna, sino también del aislamiento internacional y el esquema económico centralizado que sostiene al régimen sandinista. Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del centro de pensamiento Diálogo Interamericano, advierte que la pérdida de credibilidad institucional y la falta de garantías para la inversión debilitan seriamente la capacidad del país para generar empleos sostenibles.

“El deterioro democrático ha reducido la productividad del país y su crecimiento económico potencial, provocando una contracción estructural del mercado laboral”, concluye un análisis reciente de Orozco publicado en 2025. El informe también señala que las remesas han evitado un colapso económico mayor, pero no han generado un entorno propicio para la creación de empleo formal.

A esto se suma la falta de reformas estructurales para estimular el emprendimiento productivo, la excesiva carga tributaria para las pequeñas empresas y la subordinación de la política económica a los intereses del círculo gobernante. Para Diálogo Interamericano, el actual sistema de “sobrevivencia y control” limita las oportunidades laborales, especialmente para los jóvenes y las mujeres, y perpetúa la dependencia de fuentes informales de ingreso.

Orozco enfatiza que el aislamiento internacional y la fuga de capitales —producto de sanciones internacionales contra negocios y operadores de la dictadura, la incertidumbre jurídica y el clima de negocios adverso— agravan la falta de oportunidades laborales con derechos y protección social, lo que alimenta la emigración y fomenta la economía de sobrevivencia.

Su análisis indica que, sin un cambio en las políticas económicas y la apertura a condiciones de mayor confianza, Nicaragua no podrá revertir el estancamiento del empleo formal, ni reducir la informalidad estructural que afecta a millones de trabajadores.

Las mujeres, doblemente afectadas

Las mujeres en Nicaragua se concentran en empleos informales, mal pagados o no remunerados como el cuido, la venta ambulante y el trabajo doméstico. DIVERGENTES/Archivo.

Por otra parte, la precariedad del mercado laboral nicaragüense no impacta a toda la población por igual. Las mujeres, en particular, enfrentan condiciones más restrictivas para acceder a empleos formales, con cobertura de salud, pensión o licencias laborales. En un esquema económico que prioriza la sobrevivencia antes que la protección social, ellas cargan con desigualdades estructurales históricas que se han profundizado en los últimos años.

Según datos recientes del Gender Data Portal del Banco Mundial para Nicaragua, en 2024 sólo el 50.1 % de las mujeres en edad productiva participaba en el mercado laboral, frente a un 81.7 % de los hombres. Esta diferencia estructural condiciona también el acceso a derechos como la seguridad social.

Sin cifras públicas recientes desagregadas por sexo sobre cotización al INSS, el impacto de este escenario queda oculto debido al vacío estadístico. Sin embargo, estudios de organizaciones internacionales señalan que las mujeres en Nicaragua están representadas en actividades informales, mal remuneradas o no remuneradas, especialmente en el trabajo doméstico, el cuido, la venta ambulante y los servicios informales urbanos y rurales. En estos sectores, el acceso a la seguridad social es mínimo o inexistente.

Además de la desigualdad en la participación laboral, las mujeres trabajan en promedio menos horas remuneradas y enfrentan mayores barreras para acceder a empleo con cobertura de salud, pensión o maternidad. Esta realidad consolida un patrón de exclusión estructural del sistema de protección social y refleja que, aunque estén trabajando, muchas mujeres están fuera de los registros del empleo formal y del INSS.

Una economía que sobrevive, pero no progresa

En 2024, un boletín del Observatorio Centroamericano de Violencia Laboral advirtió que la política económica del sandinismo profundiza las brechas de género en el empleo formal al no ofrecer medidas de conciliación entre trabajo y cuidado, ni incentivos fiscales a la contratación femenina.

Los datos oficiales muestran que la expansión del trabajo en Nicaragua no se traduce en empleos con derechos y beneficios. A pesar de las altas tasas de ocupación reportadas por el INIDE, la caída sostenida de asegurados en el INSS y el aumento del subempleo reflejan un deterioro estructural del mercado laboral.

Esta desconexión entre trabajar y estar protegido limita el acceso a pensiones, cobertura médica y estabilidad salarial. Además, debilita las finanzas del sistema de seguridad social, que depende de las cotizaciones para sostener sus servicios. El economista Marco Aurelio Peña sostiene que la estructura económica vigente genera actividad, pero no progreso.

La experiencia de trabajadoras como Sofía evidencia que esta precarización no afecta únicamente a quienes están fuera del sistema formal. Incluso dentro del reducido grupo trabajadores con mejores salarios y acceso a la seguridad social, los ingresos resultan insuficientes para sostener a una familia, empujándolos al endeudamiento o actividades informales paralelas.

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