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февраль 5, 2026

Chaves nombra a presidenta electa como ministra para asegurar continuidad política en Costa Rica

El nombramiento de la presidenta electa, Laura Fernández, como ministra de la Presidencia abre la puerta a un intercambio de roles sin precedentes y Rodrigo Chaves admite estar negociando su permanencia en el gobierno como subalterno de su sucesora, mientras esta evalúa mantener al gabinete actual para el periodo 2026-2030

Chaves nombra a presidenta electa como ministra para asegurar continuidad política en Costa Rica

TL;DR

  • President Rodrigo Chaves appointed Laura Fernández, his successor, as his Minister of the Presidency.
  • Discussions are underway for an "enroque" where Chaves would become Minister of the Presidency under President-elect Fernández.
  • Fernández plans to spend three months evaluating Chaves' cabinet to ensure a "seamless" transition.
  • Chaves frames this decision as a political response to a difficult transition in 2022, citing alleged "mezquindad" from the previous administration.
  • The move aims to prevent the new president from entering office "cold" and ensure continuity of the current governance model.
  • This Costa Rican transition contrasts with regional trends, proposing administrative fusion rather than institutional breaks.
  • The Minister of the Presidency is a key political role, coordinating the cabinet and negotiating with the Legislative Assembly.
  • Laura Fernández is a political scientist who previously served as Minister of Planning and briefly as Minister of the Presidency.

El panorama político de Costa Rica entró este 4 de febrero de 2026 en una fase de simbiosis institucional inédita. El presidente Rodrigo Chaves no sólo nombró a su sucesora, Laura Fernández, como su nueva ministra de la Presidencia para el cierre de su mandato, sino que ambos confirmaron que están discutiendo un “enroque” de funciones: Chaves podría pasar de ser el jefe de Fernández, a ser su ministro de la Presidencia a partir del 8 de mayo.

“Ella fue mi subalterna y yo ahora sería subalterno de ella. Yo no veo problema en eso”, aseguró Chaves durante la conferencia de prensa. El mandatario reveló que ha rechazado “ofertas jugosas” de organismos internacionales y empresas privadas bajo acuerdos de confidencialidad para quedarse en el país. Según su relato, su compromiso con “dejar sus huesos en la patria” pesa más que las remuneraciones extranjeras, por eso se inclina a aceptar un puesto de menor jerarquía bajo el mando de la presidenta electa.

Por su parte, Laura Fernández Delgado, quien obtuvo el 48.3% de los votos el pasado domingo, dejó claro que su gestión no buscará rupturas, sino una profundización del modelo actual. Como ministra de la Presidencia en funciones desde hoy, Fernández dedicará los próximos tres meses a conocer, evaluar y verificar el quehacer de cada integrante del gabinete de Chaves.

“Si hay compañeros de gabinete haciendo bien las cosas, me encantaría que continúen”, afirmó la mandataria electa. Esta evaluación incluye al propio Chaves, con quien mantendrá conversaciones para definir los “términos de referencia” de su eventual nombramiento como ministro. Esta estrategia apunta a una transición “sin costuras”, donde la eficiencia y los resultados primen sobre la tradicional renovación de cuadros que acompaña a cada cambio de Gobierno en la democracia costarricense.

La narrativa contra la “mezquindad”

Para Chaves, este nombramiento no es solo una medida administrativa, sino una respuesta política a lo que califica como una transición “dificilísima” en 2022. El mandatario recordó con dureza el traspaso de mando de la administración de Carlos Alvarado Quesada, a quien acusó de “mezquindad” por supuestamente ocultar información y agotar presupuestos antes de su salida.

Al integrar a Fernández como su mano derecha en el cierre del gobierno, Chaves busca evitar que la nueva presidenta entre “fría” al puesto. Esta estrategia de una transición “sin costuras” pretende asegurar que el modelo de gobernanza actual no sufra interrupciones, eliminando el periodo de tregua o preparación externa que tradicionalmente guardan los presidentes electos en Costa Rica tras ganar los comicios.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves (i), llega acompañado de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, a una rueda de prensa este miércoles, en San José (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas

Para la región centroamericana, donde los traspasos de mando suelen estar marcados por quiebres institucionales o intentos de perpetuación, el caso costarricense presenta una variante: la concentración de un proyecto político mediante la fusión administrativa. Mientras en regímenes vecinos se recurre a reformas constitucionales para mantener el control, en Costa Rica el oficialismo apuesta por borrar las fronteras entre el Gobierno que se va y el que llega.

Este movimiento plantea interrogantes sobre la independencia de la futura administración. Sin embargo, tanto Chaves como su sucesora insisten en que el único beneficiado será el “pueblo de Costa Rica”, al garantizar que el servicio público no sufra parálisis. Durante el acto, Chaves entregó a Fernández un pin con la palabra “Presidente”, un gesto simbólico que sella la alianza política más estrecha vista en una transición costarricense en décadas.

¿Qué hace un Ministro de la Presidencia?

Es el cargo político más importante después de la Presidencia. Funciona como el “brazo derecho” del mandatario, coordinando el gabinete, dirigiendo la comunicación entre los ministerios y, fundamentalmente, liderando la negociación con la Asamblea Legislativa. Si Chaves asume este rol en mayo, pasaría de dictar la política pública a ser el principal negociador técnico y político de Laura Fernández.

La Presidenta electa es politóloga y ha sido una pieza fundamental en el engranaje de Rodrigo Chaves. Antes de ganar la presidencia, se desempeñó como ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y tuvo un breve paso de siete meses como ministra de la Presidencia. Fue la cara técnica detrás de proyectos polémicos como la “Ley Jaguar”, orientada a reformar la Contraloría General de la República.