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январь 16, 2026

Retórica chavista y petróleo estadounidense: la paradoja energética de los Ortega-Murillo

La caída de Nicolás Maduro no representa un golpe económico estructural para el régimen Ortega-Murillo, que desde hace años dejó de depender del petróleo venezolano y hoy importa alrededor del 80% de su factura petrolera desde Estados Unidos. Aunque Washington dispone de herramientas para escalar la presión económica, cerrar la llave energética a Managua sería una medida extrema y compleja, por lo que la estrategia de Donald Trump apunta, por ahora, a una presión política y financiera selectiva más que a un corte inmediato del suministro de combustibles.

La caída y captura del dictador Nicolás Maduro ha puesto en “alerta máxima” al régimen copresidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al situar a Managua en la mira de una Casa Blanca y un Departamento de Estado que han señalado a Nicaragua —junto a La Habana y a una Caracas ahora descabezada— como dictaduras que atentan contra los intereses estadounidenses. En medio de esos temores, sin embargo, el derrocamiento del líder chavista no tiene hoy mayores implicaciones económicas para la administración sandinista, a diferencia de Cuba, que encontraba en el crudo y sus derivados venezolanos un salvavidas para su economía harapienta.

Tras la caída de Petrocaribe, la alianza energética impulsada por Venezuela que permitía a Managua acceder a crudo y derivados bajo condiciones financieras preferenciales, el patrón de abastecimiento del país se reconfiguró de forma sustancial. El mecanismo comenzó a desmoronarse a partir de 2019, en paralelo a la caída de la producción petrolera venezolana y al endurecimiento de las sanciones de Washington contra PDVSA, lo que dejó sin sustento operativo los envíos desde Caracas.

Desde entonces, el régimen Ortega-Murillo dejó de depender del petróleo venezolano como fuente estructural de energía y reorientó su abastecimiento hacia Estados Unidos, que hoy concentra alrededor del 80% de la factura petrolera nicaragüense, además de otros proveedores como Brasil y México, mientras las importaciones procedentes de Venezuela se redujeron a niveles marginales o prácticamente inexistentes.

Según las cifras oficiales de comercio exterior y datos compilados por el Banco Central de Nicaragua y otras bases internacionales, el comercio entre Managua y Caracas ha sido prácticamente nulo en los últimos dos años. En 2024, las importaciones de Nicaragua desde Venezuela sumaron poco más de 400 000 dólares, una cifra marginal frente a la magnitud de sus compras energéticas. Solo en 2024, Nicaragua importó alrededor de 1500 millones de dólares en petróleo y combustibles, de los cuales unos 1200 millones provinieron de Estados Unidos.

En 2025, la balanza comercial entre ambos regímenes fue esencialmente cero, lo que confirma que el flujo de hidrocarburos desde Venezuela dejó de ser una fuente significativa de abastecimiento para la economía nicaragüense, a diferencia de Cuba, donde el cierre del suministro de petróleo venezolano, anunciado explícitamente por Donald Trump, tiene un impacto inmediato y estructural.

Durante casi dos décadas, La Habana sostuvo buena parte de su funcionamiento económico y energético sobre un esquema de trueque con Caracas, mediante el cual recibía crudo y combustibles a cambio de servicios médicos, de inteligencia y seguridad. La interrupción de ese flujo no sólo deja a la isla sin una de sus principales fuentes de energía para el transporte y la generación eléctrica, sino que elimina una vía indirecta de ingresos en divisas en un país que importa cerca del 80% de lo que consume.

Sin remesas formales, con el turismo en mínimos históricos y sin capacidad financiera para acudir a otros mercados energéticos, el fin del petróleo venezolano empuja a Cuba a una crisis sistémica mucho más profunda que la que enfrenta Managua, que ya había reemplazado ese suministro años atrás.

Una fuente con conocimiento directo de las discusiones en Washington consultada por DIVERGENTES sostiene que la capacidad de Estados Unidos para “cerrar la llave” económica a Nicaragua existe desde hace años, pero nunca ha sido activada por falta de decisión política. Durante la administración Biden, asegura, se planteó de forma reiterada la posibilidad de cortar o condicionar el suministro, sin que la propuesta prosperara. Con Donald Trump, el escenario cambia, aunque no necesariamente en una dirección simple o automática.

Según esta fuente, Washington dispone de al menos dos instrumentos de alto impacto. El primero sería declarar a Nicaragua como un riesgo financiero, una medida que obligaría a la banca estadounidense a interrumpir sus relaciones con los bancos corresponsales del país. El efecto no se limitaría al comercio exterior: provocaría una caída abrupta de las remesas y paralizaría buena parte del sistema de pagos, con consecuencias inmediatas para la economía doméstica.

Ese mecanismo ya tuvo un precedente cuando Estados Unidos sancionó a DNP, lo que forzó a Managua a reorientar sus compras de crudo hacia Estados Unidos. En el frente financiero ocurrió algo similar tras la sanción a Bancorp: los fondos fueron desplazados primero hacia Caruna y luego a la entidad que hoy opera como Credicoop, un movimiento que, de acuerdo con esta fuente, involucró unos 90 millones de dólares en efectivo. Parte del resto del patrimonio, añade, habría sido reconfigurado mediante la transferencia de títulos de propiedad y otros activos a terceros.

Estas medidas que Trump podría tomar constituyen una especie de “opción nuclear”. Pueden ajustarse, combinarse o escalarse, pero carecen de sentido si no están integradas en una estrategia política más amplia. Sin una contrapropuesta concreta hacia el régimen y sin una contraparte opositora capaz de articular una agenda de transición, la presión por sí sola no conduce a un desenlace.

En ese contexto, subraya que Rosario Murillo ha optado deliberadamente por evitar cualquier interlocución con Estados Unidos, una línea que cuenta con el respaldo del Ejército, que aconseja mantener la puerta cerrada. Sin canales de comunicación abiertos ni un proceso previo de medición de fuerzas, hablar de negociación resulta, en palabras de la fuente, una ficción. Cualquier escenario realista de transición, concluye, requeriría presión escalonada, una agenda mínima verificable y una hoja de ruta con tiempos y resultados definidos, condiciones que hoy no están dadas.

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