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январь 8, 2026
El Impuesto Trump y la deportación amenazan salvavidas de las remesas en Centroamérica
El año 2026 se perfila como un punto de inflexión para el Triángulo Norte de Centroamérica y Nicaragua. Tras una década de crecimiento ininterrumpido, el flujo de remesas, que hoy sostiene hasta el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) de estas naciones, se enfrenta a un “triple choque” sin precedentes: la implementación de un impuesto selectivo del 1% a las transferencias, la amenaza de deportaciones masivas y el enfriamiento económico de EE. UU.
TL;DR
- The One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), signed on July 4, 2025, imposes a 1% excise tax on specific remittance transfers, disproportionately affecting undocumented and unbanked migrants.
- The US tax and potential mass deportations, combined with a projected slowdown in the US economy, are expected to cause a significant drop in remittance flows to Central America.
- Fitch Solutions forecasts a 12.0% cumulative drop in remittances to El Salvador, Honduras, Guatemala, and Nicaragua between 2025-2026.
- Guatemala's indigenous communities in the Western Highlands are particularly vulnerable due to their reliance on cash-based remittances and limited access to formal banking.
- Honduras, with remittances exceeding a quarter of its GDP, faces potential social instability due to reduced income and deportations.
- El Salvador's ability to use Bitcoin to circumvent remittance taxes may be limited by IMF negotiations requiring curbs on state crypto-asset promotion.
- Nicaragua, heavily reliant on remittances (nearly 30% of GDP), will be significantly affected, potentially impacting the regime's macroeconomic stability and tax collection.
- A shift towards informal remittance systems, like Hawala or physical cash transport by travelers, is anticipated, increasing risks of money laundering and reducing oversight.
- The humanitarian impact includes reduced access to basic necessities for the poorest families in the region, exacerbating inequality.
2026 se perfila como un año complejo para la arquitectura económica del Triángulo Norte de Centroamérica y Nicaragua. Tras más de una década de crecimiento ininterrumpido en el flujo de remesas familiares —un salvavidas que hoy representa entre el 20% y el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) de estas naciones— la región se enfrenta a un choque exógeno sin precedentes.
Este análisis desglosa la convergencia de tres factores críticos que amenazan con desestabilizar la macroeconomía regional: la implementación de la One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, con su impuesto selectivo a las transferencias monetarias, la ejecución de una agenda de deportaciones masivas y el enfriamiento cíclico del mercado laboral estadounidense.
A diferencia de crisis anteriores, el escenario de 2026 presenta barreras estructurales diseñadas legislativamente para reducir el flujo de capital hacia el sur. El consenso entre organismos multilaterales y calificadoras de riesgo es alarmante: la era del crecimiento automático de las remesas ha terminado, dando paso a una etapa de volatilidad, informalidad y contracción económica.
Para comprender la magnitud del impacto proyectado, es imperativo diseccionar primero el mecanismo legal que lo origina. La One Big Beautiful Bill Act, firmada el 4 de julio de 2025, no es simplemente una reforma fiscal doméstica de los Estados Unidos; es un instrumento de política exterior y migratoria.
Impuesto a remesas amenaza pirámide migratoria
Imagen de archivo de un establecimiento de envío de dinero de la empresa Western Union. DIVERGENTES/ARCHIVO.
Aunque las propuestas iniciales planteaban un gravamen punitivo alto, el texto final establece un impuesto especial (excise tax) del 1%. Si bien nominalmente parece bajo, su diseño técnico ataca la base misma de la pirámide migratoria, al gravar específicamente las “transferencias de remesas” realizadas mediante efectivo, giros postales o cheques de caja.
Crucialmente, las transferencias digitales desde cuentas bancarias en EE. UU. están exentas. Esto crea una discriminación financiera: el migrante documentado y bancarizado no pagará, mientras que el trabajador indocumentado que opera en efectivo soportará la carga fiscal.
Estudios del Center for Global Developmentsugieren que por cada aumento del 1% en el costo de envío, el volumen remitido cae aproximadamente un 1.6%. El daño a la economía centroamericana será mayor que la recaudación obtenida por el Tesoro estadounidense.
Un contexto de “triple choque”
El impuesto no ocurre en el vacío. 2026 presentará una convergencia de factores negativos. Primero, el enfriamiento del mercado laboral estadounidense. Proyecciones de J.P. Morgan indican una desaceleración económica con un crecimiento del PIB estimado en apenas un 2.3%. Menos obras de construcción significan menos capacidad de ahorro para remitir.
Segundo, la amenaza de la deportación masiva y el “efecto congelamiento”. Ante la promesa de la administración Trump de realizar grandes operaciones de deportación, los migrantes tienden a aumentar el ahorro precautorio en origen (guardar dólares físicos por seguridad) y reducir la inversión en sus países de origen por temor a no poder disfrutar esos activos.
Las proyecciones para la región son sombrías. Fitch Solutions pronostica una caída acumulada del 12.0% en las remesas hacia El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua durante el periodo 2025-2026. Manuel Orozco, investigador especializado en temas migratorios del centro de pensamiento DIalogo Interamericanoestima que el crecimiento podría estancarse entre el 0% y el 4%, en el mejor de los casos.
Efectos por país
Guatemala
se enfrenta a una paradoja. Su estructura social la hace singularmente vulnerable al diseño del impuesto de la OBBBA, debido a que gran parte de la migración proviene del Altiplano Occidental del país, compuesta por comunidades indígenas con acceso nulo al sistema bancario formal.
El impuesto del 1% sobre efectivo actúa como un gravamen dirigido casi quirúrgicamente a esta población. En el debate público circula la cifra de una pérdida potencial de 900 millones de dólares para la economía guatemalteca, sumando la recaudación directa y la reducción del volumen enviado.
Honduras
Si Guatemala es vulnerable, Honduras es frágil. Con remesas que superan la cuarta parte de su Producto Interno Bruto (PIB), el Banco Central de Honduras proyecta un crecimiento optimista que los analistas cuestionan. La combinación de deportaciones y la caída en el ingreso crea un caldo de cultivo para la inestabilidad social, dado que el país carece de amortiguadores económicos robustos.
El Salvador
presenta un caso complejo. Aunque el gobierno promovió el uso de Bitcoin como alternativa libre de comisiones, la realidad política de 2026 dicta lo contrario. Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) obligan al Gobierno a limitar la promoción activa de criptoactivos estatales, atando de manos cualquier intento de evasión fiscal masiva mediante esta vía. Además, datos preliminares de 2025 muestran una drástica reducción de la migración irregular salvadoreña, lo que implica que el “ejército de remitentes” no está creciendo.
El renacimiento del mercado negro
Las remesas son un componente clave para la economía de Centroamérica. DIVERGENTES / ARCHIVO.
Nicaragua, donde las remesas sostienen la economía bajo el régimen Ortega-Murillo, será porcentualmente uno de los países más afectados. La ola migratoria ha alcanzado su punto de saturación y las políticas de cierre fronterizo impedirán el reemplazo de la fuerza laboral. Al representar casi el 30% del PIB, cualquier contracción afectará directamente la estabilidad macroeconómica y la recaudación fiscal del régimen.
Ante la barrera fiscal, se prevé una mutación estructural hacia la informalidad. Es probable el resurgimiento de sistemas tipo Hawalay el uso de viajeros (“mulas”) que transporten efectivo físicamente. Esta “desbancarización” reduce la visibilidad de los Bancos Centrales y facilita el lavado de dinero, aumentando los riesgos para los usuarios.
El impacto más profundo, sin embargo, será humanitario. Un recorte en las remesas implica directamente menos alimentos y servicios básicos para las familias más pobres del Altiplano o las zonas rurales de Honduras y Nicaragua, exacerbando la desigualdad en la región.
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