politics
декабрь 26, 2025
Los crímenes de lesa humanidad Ortega-Murillo llegan a la Asamblea General de la ONU: Grupo de expertos presenta su informe
El Grupo de Expertos de la ONU presentó ante la Asamblea General un informe que documenta cómo el régimen de Ortega y Murillo ha perfeccionado un aparato represivo responsable de crímenes internacionales. Basado en 1,900 entrevistas, denuncia desapariciones forzadas, despojo de nacionalidad y persecución transnacional. Los expertos alertan sobre el aislamiento del régimen y piden sanciones y acciones legales. Managua descalificó el informe, respaldada por Bielorrusia y Bolivia.
TL;DR
- The UN Group of Experts on Human Rights in Nicaragua (GHREN) presented a report to the UN General Assembly detailing systematic repression and international crimes.
- The report documents the regime's deliberate policy of silencing dissent through violence, fear, and the erosion of human rights and the rule of law.
- Key findings include the increased use of forced disappearances and the deprivation of nationality as tools of punishment.
- Nicaragua has denied the accusations, withdrawn from the UN Human Rights Council, and refused to engage with the GHREN.
- The GHREN calls for concrete international measures, including legal actions and sanctions, to hold the Nicaraguan government accountable.
- While some nations supported Nicaragua's stance, others expressed concern over the deteriorating human rights situation.
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El Grupo de Expertos sobre Derechos Humanos en Nicaragua (GHREN) presentó a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) su informe que documenta cómo ha evolucionado el aparato represivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es la primera vez que un informe tan detallado de atropellos graves a los derechos humanos y crímenes internacionales se presenta ante ese órgano global.
Jan-Michael Simon, presidente del Grupo, denunció que “durante décadas Nicaragua ha promovido la situación de Centroamérica en la Asamblea General de la ONU como una región de paz, democracia y desarrollo”, pero “resulta trágico que Nicaragua figure ahora en el programa de la Asamblea General como un Estado acusado de desmantelar sistemáticamente el Estado de derecho y las instituciones democráticas”.
Las últimas conclusiones del Grupo, basadas en más de 1 900 entrevistas y 9 300 documentos, revelan, según el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una política deliberada del Estado “para silenciar la disidencia dentro y fuera del país y consolidar un poder absoluto mediante la violencia, el miedo y la erosión sistemática de los derechos humanos y del Estado de derecho”.
El GHREN fue creado el 31 de marzo de 2022, mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para que un grupo de tres expertos en derechos humanos investigara las violaciones y abusos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018 de manera generalizada y sistemática, algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad, según los expertos.
“El aumento del uso de la desaparición forzada por parte del Gobierno refleja una crueldad no solo hacia las personas desaparecidas, sino también hacia sus familiares, que viven en angustia e incertidumbre”, afirmó Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos. “La represión es tan grave, y el sistema jurídico tan depredador, que las familias, desgastadas, se exponen a nuevos abusos solo por buscar a sus seres queridos”, añadió.
Además, el Grupo elevó ante la Asamblea General que el Estado de Nicaragua se ha negado a reconocerlo o reunirse con sus integrantes. Tampoco han podido acceder al país ni obtenido respuesta a las múltiples cartas enviadas. “Un día antes de la presentación de nuestro más reciente informe, en febrero, Nicaragua decidió retirarse del Consejo de Derechos Humanos e interrumpir el mecanismo periódico de examen universal”, sostuvo Simon.
Los expertos de la ONU también señalaron el retiro sin precedentes de Nicaragua de cinco agencias clave de la ONU, así como del propio Consejo de Derechos Humanos, como parte de una estrategia para evadir el escrutinio y consolidar la impunidad. “El aislamiento del Gobierno del sistema multilateral no es una afirmación de soberanía, sino una búsqueda de impunidad”, afirmó Simon.
El presidente del GHREN calificó la situación de Nicaragua como una de las más alarmantes y preocupantes de América Latina y el Caribe. Expresó que el Gobierno nicaragüense ha ampliado su represión más allá de sus fronteras, contra personas opositoras reales o percibidas en el exterior. Miles han sido víctimas: despojadas de su nacionalidad, de su identidad jurídica, de sus bienes y de sus medios de vida; vigiladas, hostigadas y amenazadas.
“La privación de la nacionalidad se ha convertido en una herramienta para castigar y borrar a quienes se atreven a disentir”, dijo Ariela Peralta, miembro del Grupo de Expertos. “Destruye vidas de manera práctica y devastadora: separa familias, bloquea el acceso a la educación o al trabajo y corta el vínculo de las personas con su país”, agregó durante un evento en el que se expusieron cuatro fases represivas que han consolidado la plena concentración de poderes.
Los expertos denunciaron que, en junio de 2025, el mayor retirado Roberto Samcam fue asesinado en Costa Rica, convirtiéndose en el cuarto ataque contra una persona exiliada en ese país. “Las personas exiliadas que se oponen a Daniel Ortega y Rosario Murillo viven en constante miedo”, señaló Brody, al tiempo que acusó al régimen de construir una maquinaria de persecución transnacional.
“La comunidad internacional no debe limitarse a ser testigo; debe adoptar medidas concretas —acciones legales, enjuiciamientos y sanciones selectivas— para exigir responsabilidades al Gobierno y a los perpetradores individuales”, dijo Peralta. “El valor de las víctimas y la persistencia de quienes documentan su sufrimiento demuestran que el cambio sigue siendo posible”.
El Grupo instó a los Estados Miembros a adoptar medidas decisivas, entre ellas fortalecer los mecanismos de protección y asilo para las personas nicaragüenses en el exilio y promover la rendición de cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961.
La representante del Estado de Nicaragua respondió atacando al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que calificó como obsoleto, injerencista y manipulado, y denunció “una práctica sistemática y perversa” de manipular los derechos humanos, pese a que organismos internacionales han documentado las graves violaciones cometidas por el régimen desde 2018.
“Nuestro país rechaza toda resolución o informe carente de legitimidad, como lo es este mal llamado Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, concebido para fabricar acusaciones y justificar agresiones contra nuestro país”, dijo la representante de la dictadura. “Este documento apócrifo no refleja la verdad de Nicaragua ni consulta la voz del Estado nicaragüense”, añadió, a pesar de que el Grupo ha informado que se ha acercado al Gobierno.
Las delegaciones de Bielorrusia y Bolivia se plegaron al discurso oficial del régimen, mientras que Brasil y Canadá expresaron su preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, la erosión del Estado de derecho, la independencia de poderes y los casos de apatridia. Canadá también abogó por la liberación de los presos políticos y una transición pacífica en Nicaragua.