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январь 28, 2026

Ortega y Murillo condenan a Bayardo Arce sin aclarar cuándo ni cómo fue juzgado, tras seis meses de aislamiento

El régimen copresidencial condena al exasesor presidencial Bayardo Arce y a su asistente Ricardo Bonilla por lavado de activos y defraudación fiscal, bajo el argumento de una operatividad financiera basada en testaferros, sociedades mercantiles y transferencias internacionales por millones de dólares. La sentencia ordena la cancelación de sociedades y el decomiso de bienes, y señala como coautores a la esposa de Arce y a su cuñado, quienes escaparon al exilio. Sin embargo, fuentes en el exilio de la familia de Arce sostuvieron que nunca fue sometido a juicio alguno.

Después de mantenerlo en aislamiento total durante seis meses en la cárcel de máxima seguridad La Modelo, y tres días después de que fuentes de su familia en el exilio denunciaron a el diario El País el temor por su vida, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impuesto finalmente una condena al exasesor económico presidencial Bayardo Arce, por los supuestos delitos de “lavado de dinero y defraudación al Estado de Nicaragua”.

A través de un comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR), el régimen copresidencial no solo condena a Arce, otrora mano derecha del caudillo sandinista, sino también a su asistente ejecutivo, Ricardo Bonilla, por una “operatividad financiera compleja y prolongada en el tiempo, orientada a integrar capitales ilícitos que los acusados produjeron hasta por USD$2,713,583,217 y C$82,344,806,790, configurando de manera plena el tipo penal de Lavado de Activos en perjuicio del Estado”.

El régimen también señala como coautores a la esposa de Arce y su cuñado, Amelia Ybarra y Amílcar Manuel Ybarra, quienes desde diciembre huyeron al exilio para escapar de la persecución en su contra. Arce y su entorno “cayeron en desgracia” en julio de 2025, en medio de una purga comandada por Rosario Murillo contra todo aquel considerado por ella crítico de su proceso de sucesión familiar del poder.

Las oficinas de Arce fueron allanadas y su entorno neutralizado el 26 de julio de 2025, pero fue hasta la madrugada del 30 de julio que fue capturado en su casa de habitación, en Managua, por un convoy de oficiales armados de la Dirección de Operaciones Especiales. Desde ese día, se supo por fuentes sandinistas que uno de los hombres de mayor confianza de Ortega, y artífice de la relación corporativista con el gran capital, estaba recluido en La Modelo. Sin embargo, nunca se conoció de un juicio en su contra, a pesar de que la PGR dio a entender desde sus primeros comunicados que el comandante de la Revolución Sandinista era indagado por corrupción.

Luego de seis meses de reclusión y aislamiento total —tiempo en el cual solo permitieron cinco visitas—, fuentes en el exilio de la familia de Arce decidieron denunciar la situación del exasesor presidencial. Además de los malos tratos denunciados al diario español El País, aseguraron que Arce nunca fue sometido a ningún juicio, ni presencial ni telemático, por lo cual consideraban su captura un “secuestro”. Sin embargo, en el comunicado condenatorio de la PGR, el régimen copresidencial asegura que sí fue sometido a un proceso judicial, aunque sin especificar ni cuándo ni cómo.

“Durante el juicio oral y público, el órgano jurisdiccional valoró la prueba documental, pericial y testifical, que permitió establecer la existencia del delito, la participación directa de los acusados, así como la trazabilidad financiera de los recursos ilícitos bajo las siguientes modalidades: uso de testaferros, Ingeniería Societaria Ilícita y lavado de dinero”, alega la PGR.

Mientras que las fuentes allegadas a la familia de Arce en el exilio dieron otra versión diferente a El País el pasado sábado: “No se ha presentado ni un solo cargo en su contra. No hay proceso legal, es absolutamente nulo. Se han vulnerado todos sus derechos: no ha habido debido proceso, ni presunción de inocencia, ni derecho a la defensa, ni representación legal. No ha habido absolutamente nada. Fue un secuestro, tal cual”, reclaman.

DIVERGENTES también tuvo acceso al sistema Nicarao, la base de datos oficial del Poder Judicial de Nicaragua donde se registran y archivan todas las causas judiciales del país, y constató que Arce no figura con ningún proceso penal activo ni con antecedentes de juicio relacionados con lavado de dinero o defraudación fiscal. La ausencia de registros en esta plataforma oficial refuerza la versión de su familia, que sostiene que el exasesor presidencial nunca fue sometido a un proceso judicial formal previo a la condena anunciada por el régimen copresidencial.

La PGR asegura en el comunicado que, en cuanto a las medidas resarcitorias, “por el daño que los acusados Bayardo Arce Castaño y Ricardo Bonilla Castañeda ocasionaron dolosamente al patrimonio de la Nación, la resolución judicial de mérito, en cumplimiento con la Ley N.° 735, Ley de Prevención, Investigación, y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados, ordenó: Cancelación de Sociedades y Decomiso de bienes”.

El lavado de dinero se ha convertido en uno de los delitos prefabricados más recurrentes del régimen Ortega-Murillo para criminalizar opositores, desplazar figuras incómodas y justificar purgas internas. Bajo la retórica de la “lucha contra la corrupción”, el aparato judicial ha sido utilizado de forma sistemática como herramienta de persecución política, sin garantías de debido proceso, sin juicios transparentes y sin estándares probatorios verificables, convirtiendo el delito financiero en un instrumento de control, castigo y disciplinamiento político, han advertido organismos de derechos humanos.

Temen por su vida

De acuerdo con fuentes en el exilio de la familia del comandante sandinista —el único que quedaba leal a Ortega, a pesar de sus fuertes diferencias con Murillo—, Arce siempre estuvo dispuesto a “cooperar para aclarar” los señalamientos de corrupción lanzados por la PGR. Intentó todo el tiempo, hasta su “secuestro”, establecer contacto por los canales establecidos con Ortega y Murillo, pero nunca fue atendido.

Arce es un hombre de 76 años con padecimientos crónicos de diabetes y la sospecha del inicio de un melanoma en uno de sus brazos. Las fuentes en el exilio de su familia aseguraron que durante todo este tiempo aislado en La Modelo no ha recibido atención médica especializada. “Por el patrón que se ha visto, por la edad que tiene y el ensañamiento en su contra, nuestro mayor miedo es que no salga, no volverlo a ver”, aseguraron sus allegados en el exilio a El País.

Los allegados alertaron de malos tratos en La Modelo y que el político sandinista permanece incomunicado y con “un serio” deterioro de salud. “Tememos por su vida”, afirman.

Arce, además de haber sido un personaje clave en el engranaje económico del régimen, fue el principal operador de Ortega ante los principales capitales de Nicaragua. Creador y acérrimo defensor del modelo de alianza corporativista con el empresariado y, durante años, vocero oficioso frente a las críticas internacionales. Pero desde que Murillo consolidó su poder, su figura fue eclipsada.

En 2007 fue nombrado asesor presidencial y ratificado en el cargo el 16 de agosto de 2024. Llegó a ser uno de los hombres de mayor confianza de Ortega. Sin embargo, como parte de la vieja guardia sandinista, la copresidenta mantenía profundas diferencias con él, lo que lo dejó reducido a un cargo meramente protocolario, sin funciones y dedicado a sus múltiples negocios privados.