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январь 22, 2026

Días de tensión y paranoia en la casa de los Ortega-Murillo tras la captura de Maduro

Esta reconstrucción de los días posteriores a la caída de Maduro muestra cómo el régimen copresidencial entró en una fase de tensión y paranoia. Con el caudillo aislado por una indisposición de salud, Murillo concentró el mando desde El Carmen: ordenó arrestos preventivos, reforzó la vigilancia familiar al máximo y ajustó el aparato represivo. En paralelo, redujeron la retórica antiimperialista e intentan activar un canal discreto con Washington, designando a Denis Moncada como encargado de negocios, en un amago por esquivar mayores presiones de la Casa Blanca y mantener el poder en un nuevo tablero regional impuesto por el presidente Trump.

Días de tensión y paranoia en la casa de los Ortega-Murillo tras la captura de Maduro

TL;DR

  • Rosario Murillo increased security and surveillance in Nicaragua following Nicolás Maduro's capture.
  • At least 60 people were detained for celebrating Maduro's downfall on social media.
  • Murillo isolated President Ortega during the initial response period due to health concerns and paranoia.
  • The regime implemented "political command posts" to monitor social media and public expressions of sympathy towards the US or criticism of Maduro.
  • The Ortega-Murillo family increased personal security, including building a reinforced "bunker" within their residence.
  • Nicaragua is reportedly cooperating with the US on anti-narcotics efforts, which may have shielded them from harsher US sanctions.
  • Dennis Moncada has been designated to establish a direct communication channel with the Trump administration.
  • Possible negotiation scenarios include trilateral talks with the opposition, bilateral negotiations, or public negotiations conditioned on the release of political prisoners.

La captura y caída de su principal aliado político en la región, Nicolás Maduro, sorprendió a Daniel Ortega la madrugada del tres de enero en medio de una indisposición de salud, propia de un anciano de ochenta años con padecimientos crónicos. Horas después de que el presidente Donald Trump anunciara los detalles de la operación Absolute Resolve, y de que el líder chavista, junto a su esposa Cilia Flores, ya estuvieran a bordo de un buque de guerra con rumbo a Nueva York para ser juzgados, la tensión y la paranoia se apoderaron de El Carmen, el complejo residencial donde despachan los copresidentes en Managua: un fortín acordonado, el sitio más vigilado de Nicaragua, regido con “mano de hierro” por Rosario Murillo.

El primer impulso de Murillo fue redoblar la escolta en El Carmen y a escala nacional, ordenando en particular la captura de personas que celebraron en redes sociales la caída de Maduro. El Monitoreo Azul y Blanco confirmó al menos 60 detenciones en las horas siguientes. La copresidenta asumió la gestión desde el primer momento, incluida la conducción de las primeras —y sosegadas— reacciones públicas del régimen sandinista, emitidas catorce horas después de la operación militar en Venezuela. Pero, sobre todo, decidió aislar a Ortega mientras decidían qué acción tomar ante el derrumbe de Maduro. El dictador estaba informado de los hechos, pero en recuperación en su cuarto al que solo se podía acceder por orden directa de ella.

Las restricciones del caudillo sandinista se prolongaron incluso días después, cuando Sandra Guevara, leal secretaria de Ortega desde los años ochenta y una suerte de institutriz de todos sus hijos, jubilada hace varios meses, llegó a El Carmen para realizar su habitual visita semanal a su exjefe. La mujer fue recibida como siempre. Sin embargo, Murillo le impidió entrar a la habitación donde él se encontraba.

“Se instaló una paranoia muy fuerte en ella, una especie de histerismo, sobre todo después de que se fue entendiendo que en Venezuela, Maduro fue traicionado, específicamente por gente de confianza como los hermanos Rodríguez. Rosario se sintió doblemente vulnerable y trató de salirle al paso a una posible traición, y de proteger a Ortega de que le pasara algo en ese momento, porque sabe que si él se muere ella queda en aprietos. Impedirle a Sandrita Guevara verlo te describe muy bien los ánimos allí dentro”, relata una fuente con acceso a El Carmen.

Para reconstruir lo ocurrido en el epicentro del poder de la dictadura sandinista tras la captura de Maduro, DIVERGENTES conversó con más de una docena de fuentes allegadas a los Ortega-Murillo. Cada una de las versiones obtenidas fue contrastada y verificada. Ante la circulación de múltiples rumores, esta redacción decidió publicar únicamente hechos comprobables, ocurridos en un contexto extremadamente cerrado: la intimidad de la casa y despacho copresidencial.

En el reparto de poder del matrimonio copresidencial, Ortega se ha alejado de la administración diaria de la dictadura, una tarea que ha quedado en manos de Murillo, quien ha galvanizado por completo su poder y su impronta total sobre el régimen.

“Ella asumió el mando operativo: reuniones, coordinación diaria, porque él suele delegar o prefiere no estar presente. Pero eso no significa que haya cedido el control. Cuando el comandante pide reunión, se hace; y cuando decide salir a hablar, él sale”, sostiene una fuente ligada al Ministerio del Interior.

Ortega no presidió la primera reunión que Murillo convocó para dar las orientaciones ante el nuevo tablero político que planteaba la decisión de Trump de ir tras Maduro. Fuentes vinculadas a instituciones estatales también confirmaron a DIVERGENTES que la copresidenta instruyó a las estructuras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) a activar mecanismos de monitoreo para detectar publicaciones en redes sociales, comentarios o expresiones que celebraran la detención de Maduro. Incluso, a reportar a quienes no compartieran mensajes de la propaganda oficial del sandinismo, que pasó a funcionar como una caja de resonancia del chavismo venezolano, exigiendo “regresar a Nicolás y a Cilia”. “Dudar es traición”, también repetían.

Según las fuentes consultadas bajo anonimato por motivos de seguridad, se activaron “puestos de mando político” en los barrios e instituciones públicas, con el objetivo de recopilar información sobre los nicaragüenses que expresaran simpatía hacia Estados Unidos o compartieran opiniones críticas sobre Maduro. La vigilancia incluyó revisión de perfiles en redes sociales, grupos de mensajería y declaraciones públicas. Una trabajadora de la alcaldía de Ciudad Sandino, bajo anonimato, relató que al personal de esa entidad les advirtieron que “publicar algo contra Maduro o en apoyo a lo que hizo Estados Unidos era traición al partido. Dicen que todo lo que pongamos en redes será revisado”.

Otro trabajador con acceso a información en el Ministerio del Interior relató que la orientación era “no publicar nada ni a favor ni en contra”, que esa actividad la iban a ejecutar los “influencers en redes”.

Conforme los días avanzaron, la tensión y la paranoia incrementaron mientras Murillo hacía su cálculo ante un Estados Unidos que comenzó a meter presión sobre su régimen. Luego de cancelar el acto por los 19 años de presidencia de Ortega, el 10 de enero, la administración copresidencial ordenó excarcelar ese mismo día a 24 presos políticos, justo después de que la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua exhortara en su cuenta de X a su puesta en libertad. Al margen, la copresidenta siguió recrudeciendo el esquema de seguridad de su familia, en particular el de sus hijos.

Más protección a los hijos… el búnker

El Carmen, residencia y despacho presidencial, ha crecido exponencialmente en la última década. Símbolo temprano de la confusión Estado-partido-familia, la casa, inicialmente confiscada a Jaime Morales Carazo, ha engullido una serie de propiedades del que alguna vez fue un tranquilo reparto. Hoy es un complejo cercado y vigilado las veinticuatro horas del día, que se ha tragado viviendas aledañas a la casa inicial, una cancha de fútbol en la que Ortega solía salir a trotar, un parque y nuevas propiedades adquiridas el año pasado mediante compras bajo coacción o confiscación, según ha conocido este medio de comunicación.

Desde hace varios años, con la familia copresidencial en expansión, se ordenó la construcción de una serie de apartamentos alrededor de la casa inicial para los matrimonios de los hijos Ortega-Murillo. En ese complejo habitan casi todos los 23 nietos —entre biológicos y adoptados— de la pareja dictatorial, en un ambiente de control familiar que, hasta antes de su jubilación, era administrado por Sandra Guevara, y que ahora gestiona en buena parte Camila Ortega Murillo, siempre bajo el fiero dictado de Murillo.

La copresidenta siempre ha procurado mantener cerca a sus hijos e hijas, a excepción de Rafael Ortega Murillo, con quien mantiene diferencias y que logró librarse por cuenta propia del circuito de El Carmen. En ese sentido, cuatro de las fuentes consultadas por DIVERGENTES coincidieron que tras la caída de Maduro los hijos no fueron “evacuados” ni “reubicados” en otras casas, sino que más bien se les asignó mayor escolta policial.

El caso más claro es el de Laureano Ortega Murillo, quien se perfila como el sucesor de sus padres, y cuyo reforzamiento de seguridad ha sido el más visible. Por ejemplo, este 20 de enero acudió al Festival Internacional del Tabaco Puro Sabor 2026, en la ciudad de Granada, y a las habituales patrullas de delante y detrás de su vehículo se sumaron otras a los lados, desplazando a los carros que circulaban por los carriles laterales de Carretera a Masaya.

“Pero todos los hijos siguen allí, en El Carmen, y hay un elemento muy simbólico en el complejo: una especie de búnker, que primero medía unos 30 o 40 metros cuadrados, albergando solo una cama y un escritorio, pero que desde hace tiempo fue ampliado. Ahora es como una casa de unos 300 metros cuadrados, que no creo que aguante bombas, pero le transmite a la familia una sensación de tranquilidad”, relata una de las fuentes que estuvo varias veces en esa edificación.

Además, un nuevo elemento de seguridad para los desplazamientos de los miembros de la familia copresidencial son los “operativos de avanzada”, es decir, el envío previo de escoltas para estudiar el terreno.

La paranoia tras la captura de Maduro incluso ha trascendido a la familia nuclear de los Ortega-Murillo. A Camilo Daniel Ortega Herrera, primogénito del caudillo sandinista con la exguerrillera Leticia Herrera, también le han asignado escolta policial, a pesar de que Murillo lo purgó de la Corte Suprema de Justicia.

“El domingo (18 de enero) Camilo llegó a Hispamer escoltado, algo raro porque él tiene un perfil bajo, no le gusta eso y sabe que Rosario lo odia. Pero debe ser que Ortega ordenó protegerlo. En todo caso, eso también te habla bien del histerismo que tienen”, relata otra fuente sandinista.

Dennis Moncada, ¿encargado de negocios en Washington?

A medida que Rosario Murillo sigue apretando la tuerca de la seguridad para su entorno, también mueve fichas para hacer frente a las presiones de Estados Unidos, en especial luego de que Washington pidiera ya en dos ocasiones la libertad de todos los presos políticos de Nicaragua.

De hecho, el sábado 18 de enero se convocó a otra “reunión urgente” de los principales operadores políticos del régimen en El Carmen. El motivo fue que la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental se refirió públicamente a los 60 detenidos tras la captura de Maduro. “La detención de nicaragüenses por dar ‘me gusta’ a publicaciones en línea demuestra la paranoia del régimen ilegítimo de Murillo y Ortega. Exigimos la liberación incondicional de todos los presos políticos: sin excepciones, sin arresto domiciliario ni nuevas detenciones. La libertad significa poner fin al ciclo de represión del régimen”, pidió Washington.

Las fuentes aseguraron que el objetivo de la reunión de emergencia es analizar los pasos a seguir frente a la presión in crescendo del Departamento de Estado dirigido por Marco Rubio: “más concesiones políticas y establecer un canal de comunicación directo con Washington”.

En ese sentido, fuentes en Washington aseguran a DIVERGENTES que el “cocanciller” Dennis Moncada ha sido designado por los copresidentes para intentar tender un puente directo con la administración Trump. Desde diciembre de 2025, el funcionario se encuentra en la capital estadounidense gestionando “misiones específicas”, en particular ante el escenario de que el presidente republicano expulsara a Nicaragua del DR-CAFTA. Ese escenario no se concretó. En su lugar, la dictadura enfrentará la imposición, a partir de 2026, de impuestos progresivos a algunos productos nacionales, una medida significativamente menor al golpe que se anticipaba en Managua.

La estancia de Moncada en Washington se ha extendido hasta la fecha, en parte porque recibe tratamiento por una enfermedad en el Johns Hopkins Hospital, mientras intenta abrir ese canal de comunicación. Lo más significativo, según fuentes cercanas a la Casa Blanca, es que la administración de Trump aceptó el plácet del “cocanciller” como nuevo encargado de negocios de la embajada de Nicaragua, el cargo de mayor rango desde febrero de 2024, cuando Managua se quedó sin embajador ante Estados Unidos por la renuncia por jubilación de Francisco Campbell Hooker.

Sin embargo, la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua no respondió a la consulta de DIVERGENTES sobre este nombramiento de Moncada, supuestamente admitido por la Casa Blanca, en un momento en que los Ortega-Murillo intentan esquivar las presiones de la presidencia republicana.

De hecho, un análisis de la periodista Nahal Toosi, publicado en la revista POLITICO el 13 de enero, reveló que Managua se ha mantenido, por ahora, fuera de la primera línea de acción de Rubio y del presidente Trump, a diferencia de Venezuela y Cuba. La clave ha sido una cooperación discreta de Managua con Estados Unidos en materia de narcotráfico, confirmada por un funcionario de la Casa Blanca.

La tesis central de Toosi, respaldada por fuentes diplomáticas y exfuncionarios de seguridad, sugiere que Ortega y Murillo han sabido jugar una carta fundamental: la utilidad operativa para Washington. “Nicaragua está cooperando con nosotros para detener el narcotráfico y combatir a los elementos criminales en su territorio”, afirmó el funcionario de la Casa Blanca, bajo condición de anonimato, al tratarse, según explicó, de un asunto sensible de seguridad nacional.

La administración republicana, añadió, está observando “muy de cerca” la conducta del régimen nicaragüense, sin ofrecer mayores detalles. No obstante, ello contrasta con el anuncio oficial realizado en marzo de 2025 sobre el retiro de las operaciones de la DEA en Nicaragua, motivado por la “falta de cooperación” del régimen.

¿Qué tipo de negociación?

“En el corto plazo no veo a la administración Donald Trump entrando en una negociación bilateral secreta con la dictadura a través de este canal”, analiza una de las fuentes allegadas a los pasillos de Washington. “Al menos no en el corto plazo. Reuniones súper secretas, como las que hubo con los hermanos Rodríguez, podrían eventualmente abrir alguna puerta, pero no es el escenario inmediato. El círculo real de poder es reducido, unas 15 personas, entre las que está Moncada, y sí podría haber intentos de abrir algún tipo de negociación, pero habrá que esperar”.

Uno de los escenarios que plantea la fuente es que Estados Unidos, en cambio, trate de empujar una negociación a tres bandas con la oposición, “pero el problema es quién es hoy la oposición de Nicaragua”. “Hay varios actores buscando relanzarse para ser tomados en cuenta como interlocutores, pero habrá que ver si los toman en serio”, subraya. “Otros escenarios son una negociación bilateral cerrada y de perfil bajo entre la dictadura y Trump durante un tiempo. Una negociación pública, condicionada a la liberación de presos políticos y con participación de la oposición… o una negociación gobierno-oposición en un tercer país, similar a los procesos de Venezuela en Barbados”, enumera la fuente. “Pero por ahora todo es muy incierto”.

En paralelo a las misiones de Moncada en Washington, en Managua persisten la tensión en El Carmen y la reducción de varios decibeles del verbo incendiario contra el imperialismo. Doce días después de la captura de Maduro, Ortega reapareció por primera vez el jueves 15 de enero en un acto de graduación de inspectores policiales y pronunció un discurso que no estaba previsto en el guión oficial del evento, pero que el caudillo sandinista decidió dar, alegando que debía comentar los últimos sucesos.

Si bien condenó “la invasión” a Venezuela por parte de Estados Unidos, Ortega evitó mencionar al presidente Trump y moduló hasta su habitual e histórica tónica antiimperialista. “Nos sumamos al clamor para que regresen al presidente Nicolás Maduro a su pueblo. Se lo llevaron en una acción totalmente desproporcionada”, exhortó, acompañado de la copresidenta Rosario Murillo, quien durante toda la intervención de su esposo mantuvo un gesto atribulado.